28 de junio de 2013 / 03:08 p.m.

México• Además del presupuesto de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación dispone de dos fideicomisos con 3 mil 554 millones de pesos para infraestructura y evaluación de la seguridad en el país.

Se trata de aquellos que han permitido financiar las adecuaciones y construcciones de los penales federales, cuyas obras formaron parte de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública para despresurizar los reclusorios estatales que vieron comprometida su operación por albergar presos de orden federal.

El otro fideicomiso no reporta erogaciones para fondear estudios de evaluación de las políticas de seguridad, a pesar de que fue creado durante el primer año de la pasada administración, precisamente con la finalidad de conocer la percepción sobre el trabajo de las corporaciones de seguridad.

Los fideicomisos identificados con los números 2123 y 2124 hasta el año pasado eran manejados por la Secretaría de Seguridad Pública; ahora los controla Gobernación.

De acuerdo con el informe trimestral de esta última secretaría, al corte del 31 de marzo había 3 mil 490 millones de pesos en el fideicomiso 2124 para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y Aeronaves.

Éste se creó en septiembre de 2007 con una aportación inicial de 776 millones de pesos y los recursos, al corte, se utilizaron para financiar adecuaciones a la infraestructura del complejo penitenciario Islas Marías.

Se reforzó el cerco perimetral, así como a la construcción de la cuarta etapa de ampliación del centro penitenciario federal 4 Noroeste.

Además existe el fideicomiso 2123, que actualmente cuenta con 63 millones de pesos, destinados al pago de evaluaciones de las políticas públicas en materia de seguridad pública y al desempeño de las policías para generar condiciones de credibilidad y confianza en la sociedad civil.

Estos fondos fueron creados en septiembre de 2007, por lo que durante prácticamente todo el sexenio pasado se manejaron por la Secretaría de Seguridad Pública.

El fideicomiso para la evaluación de las políticas de seguridad tuvo una aportación inicial de 50 millones de pesos, para diciembre de 2011 el monto se incrementó a 57 millones, y al cierre de 2012 reportó un saldo final de 62 millones de pesos.

Además, el último día de la pasada administración, el 30 de noviembre de 2012, se crearon dos fondos que suman 59 millones de pesos. El reportado con el número 10233 se creó para el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos y cuenta con 18 millones 270 mil pesos.

El destino de estos recursos es cumplir los resolutivos de reparación de daños y medidas provisionales de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El reporte trimestral de Gobernación informa que actualmente el proyecto de reglas de operación está bajo revisión, así como la integración del Comité Técnico.

En tanto, bajo el número 10232, el fondo integrado para financiar la protección de las personas defensoras de derechos humanos cuenta con 41 millones 495 mil pesos.

Es un mecanismo de pago de bienes y servicios para las medidas de protección que garanticen la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y periodismo.

También se apunta que aún se está conformando el Comité Técnico y se revisan las reglas de operación y protocolos para elaborar un manual y establecer lineamientos y políticas para la comprobación y liberación de los recursos.

Los Comités Técnicos se encargan de delinear el funcionamiento de los fideicomisos, por lo que hasta que no estén integrados y listas sus reglas de operación, los recursos no pueden autorizarse para su aplicación.

Por ello, hasta el corte del periodo reportado no se habían liberado fondos ni en el caso del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos ni en el de cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos, destinado principalmente a las reparaciones de daños o indemnizaciones a víctimas ante resoluciones de los organismos de protección a escalas nacional e internacional.

RECURSOS

El presupuesto original de la Secretaría de Gobernación se triplicó al asumir las funciones de seguridad e inscribir a la Comisión Nacional de Seguridad como un área adicional de la dependencia.

De este modo, de 21 mil millones de pesos, Gobernación pasó a administrar 62 mil millones y las funciones inherentes a la seguridad, como la operación de la Policía Federal y el funcionamiento de todos los penales federales y el sistema de readaptación.

De acuerdo con el informe de avance del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Gobernación, al transcurrir un tercio del ejercicio presupuestal (enero-abril) el avance del gasto apenas superaba 16 por ciento.

Según el informe parcial sobre el ejercicio del gasto en la dependencia, con cifras de la Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, el gasto observado durante el periodo incluye las cuentas por liquidar y los fondos pagados.

De los 62 mil millones aprobados para 2013, únicamente se habían gastado durante los primeros cuatro meses del año 10 mil millones de pesos.

Los subsidios y transferencias a las entidades federativas representan apenas 16 por ciento del total del presupuesto y ascienden a 10 mil 582 millones de pesos.

El resto, 51 mil 676 millones de pesos, corresponde al pago de gasto corriente e inversión física y financiera. Los subsidios que Gobernación transfiere a las entidades federativas corresponden al rubro de seguridad e incluyen el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, el Programa de Apoyos para la Seguridad Pública, el Subsidio para la Policía Acreditable y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

LORENA LÓPEZ