9 de junio de 2013 / 09:48 p.m.

Ciudad de México • El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, alertó sobre el riesgo de presiones para anular la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones durante la discusión de las leyes secundarias correspondientes.

“"Será en las leyes reglamentarias donde se habrán de materializar los principios y el espíritu de esta legislación, así como precisar los mecanismos de operatividad que permitan la plena aplicación de lo contenido en la Carta Magna y evitar que sea letra muerta"”, advirtió.

Barbosa apeló por ello a la voluntad de los partidos políticos y sus fracciones parlamentarias para cumplir con el principal propósito de la reforma: evitar la concentración en el mercado de prácticas monopólicas.

“"Por la complejidad de este tema, es necesario que desde el Congreso se plantee una ruta con el Ejecutivo Federal para la formulación de los textos respectivos, pues el riesgo de las presiones para anular los cambios constitucionales a través de la ley secundaria puede presentarse"”, dijo.

En su comunicado de prensa semanal, Barbosa subrayó que esta nueva batalla se deberá librar con la misma entereza que se hizo cuando se logró la reforma constitucional.

Recordó que la reglamentación de la reforma constitucional pasa por modificaciones a 16 ordenamientos y la expedición de al menos cuatro nuevas leyes: Ley del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Ley de la Comisión Federal de Competencia Económica; la Ley sobre Uso, Aprovechamiento y Explotación del Espectro Radioeléctrico y la Ley de Prestación de Servicios de Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Por ello, indicó, la tarea legislativa en la materia no ha concluido y es una obligación del Congreso hacer realidad los principios de esta reforma.

El legislador poblano precisó que, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, existe un plazo de 180 días para realizar las adecuaciones necesarias al marco jurídico.

Dichos ajustes incluyen establecer tipos penales para castigar severamente las prácticas monopólicas y fenómenos de concentración; regular los nuevos organismos públicos, además de establecer los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión.

Señaló que la nueva legislación en la materia establece principios y mecanismos para evitar la concentración en el mercado de prácticas monopólicas, las cuales operan en contra de las audiencias y de la propia capacidad del Estado para regular dicha actividad económica.

Asimismo se preservaron derechos como el de la información, el libre acceso a Internet, la creación de un organismo público descentralizado encargado de proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, medios comunitarios e indígenas, entre otros.

REDACCIÓN.