21 de agosto de 2013 / 02:42 a.m.

Ciudad de México • En el proyecto de dictamen de la Cámara de Diputados sobre la minuta del Senado de la República, que reforma la Constitución en materia de transparencia y rendición de cuentas, el IFAI indicó que las modificaciones significarían "retrocesos" para el derecho de acceso a la información, después de los avances logrados en la cámara de origen en diciembre pasado.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos indicó que la propuesta abre la posibilidad de que las resoluciones del órgano garante sean impugnadas por la Procuraduría General de la República, el Banco de México, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

"Esto podría provocar la judicialización de un derecho fundamental que, hasta ahora, se ha ejercido en México en forma gratuita, pronta y expedita, y que ha colocado a nuestro país como referencia mundial en la materia", expresó en un comunicado.

Señaló que la propuesta excluye como sujetos obligados directos a los partidos políticos, entidades que reciben grandes cantidades de recursos públicos y que ya son sujetos obligados directos en 17 legislaciones estatales sobre acceso a la información.

"Lo anterior representa regresiones frente a la propuesta de reforma que impulsó en septiembre de 2012 el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto. Marca una reversa frente al dictamen aprobado por la Cámara de Senadores, dictamen que se elaboró con una gran participación de expertos en la materia y la sociedad civil comprometida con la transparencia y el derecho de acceso a la información", agregó.

En su posicionamiento el IFAI explicó que a más de diez años de ejercicio del derecho de acceso a la información en el ámbito federal, no existe evidencia alguna de que al ordenar la entrega de información se haya puesto en riesgo alguno la seguridad nacional o la estabilidad económica del país, ya que desde 2003, dijo, el Pleno del Instituto ha actuado siempre a la altura de la responsabilidad legal que le ha sido encomendada.

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