16 de marzo de 2013 / 01:25 a.m.

El Consejo plantea suspender por cinco años al ex Director Ejecutivo de Administración, Fernando Santos, además de imponerle una multa por 124 millones 634 mil 367 pesos.

 Ciudad de México • La Contraloría General del IFE prevé sancionar al ex Director Ejecutivo de Administración, Fernando Santos Madrigal, ante diversas irregularidades detectadas por segunda ocasión en la compra de un inmueble.

En la propuesta que será presentada ante el Consejo General se plantea inhabilitar por cinco años a Santos Madrigal, además de imponerle una sanción económica por 124 millones 634 mil 367 pesos.

De acuerdo con el expediente, del cual MILENIO tiene una copia, Santos Madrigal incurrió en omisiones de información sobre inmueble ubicado en Acoxpa 434 Col. Ex hacienda de Coapa, delegación Tlalpan, lo que generó que el órgano electoral designara recursos mayores a los que realmente fueron utilizados para la remodelación y compra de este inmueble.

A decir de la Contraloría General del IFE, el órgano electoral erogó más de 41 millones 783 mil pesos por el concepto de remodelaciones previo a la compra de dicha propiedad, las cuales fueron realizadas por el entonces propietario.

Ante ello, la Contraloría General calculó el monto total de recursos que fueron desembolsados por el órgano electoral en detrimento de sus finanzas públicas e impuso una sanción económica por el mismo monto, más un uno por ciento por concepto de reparación del daño.

Toda vez que se considera que cuenta con la capacidad económica para cubrir dicha sanción al considerar que durante el tiempo que ostento el cargo de Director Ejecutivo percibía un sueldo base y compensación garantizada mensual neta de entre 76 mil y 151 mil

El ex Director Ejecutivo de Administración ya había sido objeto de una investigación por presuntas irregularidades en la adecuación por arriba de la norma interna, de una bodega del Instituto ubicada en la avenida Tlahuac, en el Distrito Federal.

Sin embargo, en ese caso los consejeros electorales rechazaron por unanimidad la propuesta de la Contraloría General al considerar que no existió “daño patrimonial alguno de manera comprobable”.

CAROLINA RIVERA