1 de agosto de 2013 / 01:55 p.m.

México • El juez federal que absolvió a Raúl Salinas de Gortari del delito de enriquecimiento ilícito por más de 224 millones de pesos, también ordenó la devolución de las propiedades y cuentas bancarias de Juan Manuel Gómez Gutiérrez y Jesús Gómez Portugal Montenegro.

Ambos fueron señalados por la PGR de ser prestanombres del hermano del ex presidente Carlos Salinas.

Sin embargo, Carlos López Cruz, juez 13 de distrito de procesos penales federales en el DF, determinó que no hay elementos para responsabilizarlos de los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado.

La entrega de los inmuebles y cuentas bancarias, tanto a Raúl Salinas, como a las demás personas solo podrá realizarse cuando la sentencia sea definitiva.

MILENIO tiene copia de la sentencia dictada el 19 de julio del presente año, dentro de la causa penal 36/1997.

En su resolución, el juez consideró que deben devolverse a Gómez Gutiérrez dos inmuebles ubicados en las delegaciones Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, tres empresas y 13 cuentas bancarias.

Uno de los inmuebles es el rancho El Encanto, localizado en calle Tláloc número 112, colonia Contadero, Cuajimalpa, donde el 9 de octubre de 1996, fue encontrada una osamenta por la vidente Francisca Zetina Chávez, La Paca.

La mujer afirmó que eran los restos del desaparecido diputado Manuel Muñoz Rocha (buscado por el asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, crimen cometido el 28 de septiembre de 1994).

A Raúl Salinas se le responsabilizó de la muerte de Muñoz Rocha, cuando el fiscal de la PGR era Pablo Chapa Bezanilla. Los restos correspondían al consuegro de La Paca, los cuales fueron desenterrados del Panteón Civil de Iztapalapa, para sembrarlos en El Encanto, situación que provocó la caída del fiscal panista.

El hermano del ex presidente de México pasó 10 años en prisión, hasta que un juez federal lo exoneró del citado delito.

De igual manera, la PGR acusó al empresario Jesús Gómez Portugal Montenegro de hacer “figurar como suyo” el rancho o ex hacienda Las Mendocinas, ubicado en el municipio de San Lorenzo, Chiautzingo, en Huejotzingo, Puebla; pero, el Ministerio Público federal tampoco pudo comprobarlo.

El 7 de julio de 2011, el juez de la causa ordenó transferir dicho rancho al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, luego de que estuvo por más de 14 años bajo jurisdicción del juzgado.

Gómez Portugal logró acreditar suyas diez empresas más, entre ellas, automotrices e inmobiliarias.

Dijo conocer desde hace 30 años a Raúl Salinas, cuando de jóvenes practicaban en el Club Hípico del Estado Mayor Presidencial.

Nada contra Raúl

El juez determinó que no hay nada que demuestre que Raúl Salinas incurrió en prácticas corruptas, irregulares o deshonestas durante su desempeño como servidor público.

La PGR alegó que los 224 millones de pesos formaban parte de la partida secreta de la Presidencia y del desvío de numerario de otras áreas federales, para lo cual Raúl utilizó como prestanombres a Gómez Portugal y a Gómez Gutiérrez.

En la sentencia el juez señaló lo siguiente:

“…A juicio de quien resuelve, los medios de prueba que constan en el sumario, no demuestran que la adquisición de bienes (41 propiedades en nueve estados y 12 cuentas bancarias y de cheques) que se atribuye a Raúl Salinas de Gortari fue en contravención de lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y por ende, para fundar una sentencia condenatoria contra el enjuiciado Juan Manuel Gómez Gutiérrez, (a quien se imputa, hizo figurar como suyos los bienes a sabiendas de esa circunstancia), toda vez que no se advierte la existencia de indicios fundados ni se tiene la certeza de que tal adquisición de bienes tuvo como causa prácticas corruptas, irregulares o deshonestas de Raúl Salinas de Gortari en el desempeño del servicio público encomendado, en virtud de que en el proceso, no obran elementos de prueba que estén encaminados a acreditar ese extremo, a fin de robustecer los recabados en la fase de averiguación previa”.

El juez concluyó que aun cuando se ha demostrado que del 1 de enero de 1985 al 30 de abril de 1992, Raúl Salinas se desempeñó como servidor público en Conasupo y como secretario técnico del Comité de Evaluación del Programa Nacional de Solidaridad, que dependía de la Secretaría de Programación y Presupuesto, lo cierto es:

“…Que no está demostrado que esa adquisición haya sido con motivo de una indebida función pública (prácticas corruptas, irregulares o deshonestas), razón por la cual, en estricto rigor legal, para los efectos del artículo 224 del Código Penal Federal, no es procedente que esa adquisición de bienes se etiquete de ilícita , pues como ya se dijo, la ilicitud a que se refiere este tipo penal deviene estrictamente de que la adquisición de los bienes sea el resultado de un abuso en el ejercicio del servicio público encomendado, al aprovecharse ya sea del status o de las atribuciones que le son conferidas con motivo del empleo, cargo o comisión públicos”.

RUBÉN MOSSO