28 de mayo de 2013 / 02:15 a.m.

Villahermosa Centro • En medio del escándalo de corrupción que rodeó al priista Andrés Granier, el gobierno de Tabasco clasificó como reservada, hasta 2020, toda la información relativa a las camionetas blindadas que utilizan los funcionarios del perredista Arturo Núñez y dio por concluida una investigación por la presunta adquisición irregular de medicamentos por 32 millones de pesos.

El 14 de Mayo, el día que surgieron las grabaciones de Granier, la Secretaría de Administración y Finanzas emitió el acuerdo SA/UAI/AR/001/2013, en poder de Milenio, tras una solicitud del ciudadano “"Alfonso Pérez"”, vía Infomex, quien pedía conocer los contratos o bajo qué régimen se usan las camionetas blindadas.

El gobierno, a través del subsecretario de Recursos Materiales, Héctor Pérez Godoy, argumentó en el acuerdo de reserva “"consecuencias fatales al poner en riesgo la seguridad del Estado"” si se dan a conocer los contratos.

Hasta diciembre, reveló el gobierno nuñista a su llegada, “"Automóviles Monterrey"”, propiedad del empresario Antonio Espinoza de los Monteros, recibía 16 millones 236 mil 432.54 pesos anuales por dar en renta al gobierno 18 camionetas blindadas, conforme al contrato CAK6AL1-001/10.

En aquel entonces, titular de la nueva Secretaría de Administración, Eloísa Ocampo González, reveló que estaban analizando la conveniencia de refrendar dicho contrato. Al respecto, el viernes pasado el gobernador esquivó el tema y dijo que ese asunto competía a la funcionaria en cuestión.

Esta medida provocó que este lunes el dirigente de Morena en Tabasco, Javier May Rodríguez, hiciera un llamado a Núñez a para que cumpla con la transparencia ofrecida.

“"Le pedimos y exigimos al Gobierno del estado, que haga pública toda la información del dinero de todos los tabasqueños, que no se reserve nada, porque no hay ningún argumento válido para que se reserve un peso del erario público"”, señaló.

En un segundo caso, el 17 de mayo, solo tres días después de clasificar los contratos de las camionetas blindadas, el gobierno procedió a cerrar la investigación por la presunta adquisición irregular de medicamentos.

En enero pasado, contra la negativa del Comité de Compras del gobierno, el director del ISSET, Agapito Domínguez Lacroix, procedió a adjudicar directamente un contrato por 32 millones de pesos a 12 empresas, cuando la normatividad solo permite adquisiciones por esta vía no superiores a los 150 mil pesos.

El propio Domínguez Lacroix confirmó en un programa de radio la compra y negó que hubiera irregularidades. Tras esto, el 7 de mayo el gobernador ordenó suspender el proceso e iniciar una auditoría.

Sin embargo, el viernes 17 de mayo cerca de la medianoche, el gobierno estatal emitió un comunicado en el que afirma que “"el proceso, sin embargo, no llegó a concluirse, por lo que no existen facturas ni documentos que acrediten adquisición alguna"”.

Finalmente, el gobierno tuvo que abrir una licitación pública nacional, la cual ganó el mismo grupo de empresas a la que el director del ISSET pretendía comprarles.

Incluso, en el comunicado el gobierno presume un ahorro de 29 millones de pesos con la licitación.

“"Eso es caso cerrado"”, dijo el secretario de Gobierno, Raúl Ojeda Zubieta, cuando se le quiso abordar al respecto.

ANTONIO VILLEGAS