20 de noviembre de 2013 / 11:39 p.m.

México.- La subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, sostuvo que desde el gobierno federal se pone el mayor empeño y dedicación para que el sistema de justicia penal tenga una visión moderna que se ajuste a la realidad jurídica y al contexto social del país.

En la inauguración del Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal que se lleva a cabo en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), la funcionaria señaló que la transición al sistema penal acusatorio requiere del compromiso y la voluntad de todos los operadores y los usuarios del sistema penal.

Benítez Tiburcio planteó que más allá de las leyes que se puedan modificar y de los cambios institucionales que se puedan lograr se necesita una transformación cultural profunda entre operadores, autoridades y sociedad en general.

Aseveró que "si logramos sustituir las malas prácticas, los malos hábitos, las inercias que obstaculizan y detienen esa transición habremos dado un gran paso al nuevo sistema".

Ante el rector de la UABJO, Eduardo Martínez Helmes, y el procurador general de justicia del estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, puntualizó que el reto de la seguridad y la aplicación efectiva de la ley se encuentran entre las demandas más sensibles de la sociedad y las prioridades del Gobierno de la República.

La subprocuradora recordó que a 30 años de haber iniciado en latinoamérica la primera oleada transformadora de los sistemas de justicia penal, la transición en México hacia el sistema penal acusatorio obedeció a históricas demandas legítimas para tener un proceso penal más equilibrado.

Subrayó que la aspiración en ese estado del proceso penal es que "se respeten los derechos humanos y las garantías de las víctimas e inculpados y al mismo tiempo se garantice la efectiva sanción penal a los responsables de vulnerar la paz y tranquilidad de la sociedad".

Mariana Benítez enumeró los problemas que han enfrentado los países para poner en marcha su sistema de justicia penal como la dependencia excesiva de cambios legislativos, la distancia entre la letra y la ley y la realidad social y las resistencias institucionales al cambio.

La funcionaria también mencionó entre esos inconvenientes a la deficiencia en la creación de sistemas de profesionalización de jueces, fiscales, investigadores y defensores públicos, así como la insuficiente supervisión y monitoreo del propio sistema, puntualizó la PGR en un comunicado en el que informa sobre el encuentro.

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