Derechos político-electorales, principal causa de juicios en TEPJF

México.- Casi tres cuartas partes de todos los recursos de impugnación resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el último año, estuvieron relacionados con la defensa de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

De diciembre de 2012 a noviembre de 2013, el máximo tribunal electoral desahogó tres mil 775 medios de impugnación presentados por ciudadanos, partidos políticos, autoridades electorales, concesionarios y otros actores que acudieron a buscar la protección de sus derechos.

Los temas de esos recursos van desde la equidad de género y la justicia incluyente en materia indígena, hasta la vida interna y multas a los partidos políticos, la integración de organismos locales y ayuntamientos, control jurisdiccional de la actividad del Instituto Federal Electoral (IFE) y de las autoridades locales.

De acuerdo con la estadística del tribunal, del total de juicios promovidos en el periodo señalado, dos mil 051, es decir 74 por ciento, correspondieron a juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC).

Este hecho demuestra, dijo el tribunal, que en la institución se imparte una justicia de carácter ciudadano y que éste lo identifica ya como una instancia eficaz para exigir la tutela de sus garantías individuales en materia político-electoral.

Y es que este tipo de juicios son los que permiten al ciudadano reclamar presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de afiliarse a los partidos políticos y de integrar las autoridades electorales de las entidades federativas.

En orden decreciente, el segundo lugar por el número de recursos presentados corresponde a los juicios de revisión constitucional (JRC), puesto que se presentaron 930 casos.

Este recurso se utiliza para verificar y garantizar la constitucionalidad de los actos y resoluciones de las autoridades estatales dictados durante la organización, calificación y resolución de impugnaciones, en elecciones constitucionales federales y locales.

En tercer lugar, por número se ubicó el recurso de apelación (RAP), con 206 casos que mediante juicio controvierten los actos y resoluciones del IFE que se consideran violatorios de la normativa electoral.

Le siguen los recursos de reconsideración (REC), con 154 casos, que son utilizados por los partidos políticos, y excepcionalmente por los candidatos, para controvertir sentencias de fondo dictadas por las salas regionales al resolver juicios de inconformidad y la asignación de diputados y de senadores realizada por el Consejo General del IFE.

El TEPJF también atendió 289 asuntos generales (AG), de los cuales hubo 68 juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el IFE y sus trabajadores.

También 38 solicitudes de facultad de atracción de la Sala Superior (SFA), 16 recursos de revisión (REV), seis de contradicción de criterios (CDC) y cinco juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el TEPJF y sus servidores (CLT).

La lista la completan cuatro juicios de inconformidad (JIN), dos opiniones solicitadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de acciones de inconstitucionalidad (OP), dos recursos de revisión en materia de transparencia (REVT), una apelación por sanción administrativa (ASA) y cuatro no clasificados.

El Tribunal Electoral destacó que en promedio los juicios se resolvieron en un plazo de 30 días como máximo, con la ventaja adicional de que las sentencias se hicieron públicas en 24 horas luego de ser emitidas, para cumplir con el principio de transparencia.

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