22 de agosto de 2013 / 11:36 a.m.

México • El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y fue turnada al Senado para sus efectos Constitucionales.

Dicha ley considera los contextos demográfico, social y económico de los docentes, en la evaluación de su desempeño. Además, señala que el organismo contará con plena autonomía técnica de gestión, presupuestaria y para determinar su organización interna.

Al concluir la primera sesión del extraordinario, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, citó a los legisladores a las dos de la tarde de este jueves para la segunda sesión, indicó que de no haber condiciones en San Lázaro, volverían a sesionar en el Centro de Convenciones Banamex.

En la ley aprobada, también se pide tomar en cuenta los recursos o insumos humanos, materiales u financieros destinados al Sistema Educativo Nacional y otras condiciones que intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En la reforma a los artículos 3 y 73 constitucionales en materia educativa, el INEE pasó de ser un organismo descentralizado a un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Tendrá como objeto coordinar el Sistema Nacional de la Evaluación Educativa, así como evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional, a nivel público y privado, en todas sus modalidades.

Asimismo, con 356 votos a favor, 64 en contra y dos abstenciones los diputados aprobaron el diseño y expedición de los lineamientos generales a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación.

Además, tendrá atribuciones para determinar los niveles mínimos para el ejercicio de la docencia y para los cargos con funciones de dirección y supervisión, y para autorizar los indicadores para la promoción, permanencia y, en su caso, reconocimiento de los docentes.

Dichos indicadores deberán ser validados, en relación con la función correspondiente, en los distintos niveles de la educación básica y media superior, para diferentes tipos de entornos.

El INEE también proveerá a las autoridades educativas de la información generalizada o individualizada que sea necesaria para el cumplimiento de la Ley General del Servicio Profesional Docente y emitirá directrices para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación y su equidad, las cuales se harán de conocimiento público.

El proyecto de ley enviado al Senado indica también que el Sistema Nacional de Evaluación Educativa tiene por objeto garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.

Establece que los proyectos y acciones que se realicen en materia de evaluación se llevarán a cabo conforme a una política nacional de evaluación conformada por, al menos, los objetos, métodos, parámetros, instrumentos y procedimientos de la evaluación.

Así como las directrices derivadas de los resultados de los procesos de evaluación, los indicadores cuantitativos y cualitativos , los alcances y las consecuencias de la evaluación y los mecanismos de difusión de los resultados, entre otros rubros.

En el documento se menciona que el INEE deberá garantizar el acceso a toda información relacionada con el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, la cual será de interés social y de utilidad pública.

El instituto deberá presentar al Congreso de la Unión, de manera anual, un informe sobre el estado que guardan los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional, derivado de las evaluaciones, el cual se hará público, y un informe de las actividades y ejercicio del gasto del año anterior.

Finalmente, la minuta plantea que organizaciones no gubernamentales y padres de familia participen como observadores en la evaluación educativa.

Propone la creación de un consejo consultivo dentro del INEE, para facilitar la participación activa y equilibrada de actores del proceso educativo y de los sectores social, público y privado.

ISRAEL NAVARRO Y FERNANDO DAMIÁN