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16 de febrero de 2017 / 04:20 p.m.

ESPECIAL. - Funcionarios estadounidenses comenzaron el procedimiento de deportación contra un inmigrante mexicano con permiso de trabajo que fue arrestado cerca de Seattle la semana pasada por una supuesta relación con bandas criminales.

De acuerdo a un documento del Departamento de Justicia presentado en la Corte, Daniel Ramírez Medina, de 23 años, admitió "declaró 'no, ya no', cuando se le preguntó si es que él está o ha estado involucrado en alguna actividad de pandillas".

Según las autoridades, el joven llegó ilegalmente a Estados Unidos cuando era niño y recibió un permiso de trabajo durante el Gobierno de Obama, quien ha defendido el programa de los llamados "dreamers", conocido como DACA por sus siglas en inglés.

Los abogados de Ramírez niegan que sea miembro de una banda criminal y la acusación sostiene que en su historial no hay cargos delictivos.

El documento del jueves del Departamento de Justicia sostiene que funcionarios del ICE interrogaron a Ramírez sobre un "tatuaje de pandilla" en un brazo a lo que el joven "respondió que 'solía andar con los Sureños en California', que 'huyó de California para escapar de las pandillas' y que 'todavía anda' con pandilleros en el estado de Washington".

Mark Rosenbaum, uno de los abogados del acusado, dijo que los alegatos son falsos y que las autoridades identificaron mal el tatuaje.

"El señor Ramírez no dijo estas cosas porque no son ciertas", afirmó el abogado en un comunicado. "Y si bien estos alegatos son inverosímiles y totalmente inventados, no serían evidencia suficiente para que el señor Ramírez sea una amenaza a la seguridad pública o a la seguridad nacional".

Ramírez fue detenido el viernes pasado en el suburbio de Des Moines, en Seattle. Su arresto desató un debate nacional sobre las prioridades migratorias del gobierno del presidente Donald Trump.

Algunas personas ven el arresto como el inicio de un ataque contra el plan Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA según sus siglas en inglés), mientras que las autoridades federales dicen que solo se trata de un ejercicio rutinario de su autoridad.