Eugenia Jiménez
27 de agosto de 2013 / 07:23 p.m.

 

Ciudad de México • La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 32/2013, dirigida al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera; al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del DF, Edgar Elías Azar; y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia; por el caso de Ana María Orozco, ex esposa del ministro en retiro Genaro Góngora.

Lo anterior, por considerar que en su proceso hubo acciones y omisiones en que incurrieron servidores públicos del gobierno capitalino y del citado tribunal, por las cuales una mujer que reclamó una pensión alimenticia fue privada de su libertad durante 12 meses de manera ilegal e injusta.

La CNDH consideró que con la actuación de estos funcionarios se configura un tipo de violencia contra la mujer al revictimizarla por exigir esa retribución para sus hijos, lo que constituye una violación de las leyes y tratados internacionales que tutelan los derechos humanos.

Condena el hecho de que las autoridades de la esfera judicial quebranten las leyes al ponerles trabas y obstáculos para acceder a esas pensiones; este tipo de violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

En agosto de 2011, la agraviada había demandado al padre de sus hijos una pensión alimenticia a su favor y el de los menores, que sufren una discapacidad; por su parte, él la acusó por los delitos de fraude genérico y actos de violencia familiar en contra de los niños, transgresiones que finalmente se demostró, nunca existieron.

Al ver que se violaban sus derechos de presunción de inocencia y al debido proceso, la mujer solicitó, desde el penal de Santa Martha Acatitla, donde estaba recluida, la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que le apoyaran a ella y a sus hijos.

Ello no fue posible, ya que sin realizar mayores acciones que la consulta de expedientes, el citado organismo local concluyó el caso mes y medio después de su radicación bajo el argumento de que “no existen suficientes elementos para acreditar la violación a derechos humanos”.

La agraviada interpuso entonces un recurso de impugnación ante la CNDH, a través de la cual describió los agravios que le causó la Comisión del DF, mismos que el Organismo nacional acreditó debidamente.

En su investigación, la Comisión Nacional constató la existencia de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad, al acceso a la justicia, al acceso a las garantías y al debido proceso legal, de la mujer y de sus dos menores hijos con discapacidad, a quienes se les violentó el derecho de los niños y al desarrollo integral de la niñez.

Por ello, en su Recomendación 32/2013, pide al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del DF, implementen las acciones necesarias para reparar los daños causados a la mujer y sus dos hijos.

Solicita que en un acto público, ante la presencia de las víctimas y familiares, se les ofrezca una disculpa institucional, lo cual implique el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron servidores públicos de esas dependencias, dando a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron lugar a esta Recomendación.

Les pide colaborar en el trámite de las quejas que promueva ante la Contraloría General del Distrito Federal, la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del D.F. y ante el Consejo de la Judicatura de esta capital, respectivamente.

Al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, solicita se investiguen de forma integral, las acciones y omisiones de algunos servidores públicos de ese Organismo local.

Asimismo, impartir capacitación y/o actualización a ese personal sobe los derechos de las niñas y los niños, así como de las mujeres, con el objetivo de garantizar la no repetición de actos similares a los referidos.