10 de enero de 2013 / 02:01 a.m.

Ambas organizaciones coinciden en que la ley promulgada hoy presenta "diversas debilidades y vacíos", además de considerar que se contrapone a principios constitucionales.

 Ciudad de México • Las organizaciones Alto al Secuestro, que dirige Isabel Miranda de Wallace, y México SOS, que preside Alejandro Martí, señalaron "diversas debilidades y vacíos" en la Ley General de Víctimas promulgada hoy por el presidente Enrique Peña Nieto, por lo cual advirtieron que se pone en riesgo la viabilidad operativa de esa norma, que además consideraron se contrapone con principios constitucionales.

Ambas agrupaciones coincidieron además en hacer un llamado a los legisladores, para "asumir un compromiso real con la ciudadanía y presentar las iniciativas correspondientes para enmendar y dotar a la ley de los instrumentos necesarios para la verdadera atención a las víctimas".

Alto al Secuestro planteó: "Nos preocupa que además de que la ley es inconstitucional y se publica así, no cuente con recursos económicos para las víctimas. Se crea burocracia y provoca la revictimización, por eso hacemos un llamado urgente a las cámaras a corregir esta ley y anticipamos que en breve estaremos presentando la nueva iniciativa".

Esa asociación, que encabeza Isabel Miranda de Wallace, planteó en un comunicado que la Ley General de Víctimas "no responde a las necesidades de todas las víctimas y sus familiares".

Expresó su preocupación de que esa normatividad, a su juicio, "no alcance a cumplir con los objetivos en materia de derechos humanos y, peor aun, que se publique a sabiendas de que es inviable", además de considerarla "inconstitucional" y que carezca de los recursos económicos para las víctimas.

Por separado, México SOS hizo notar que dicha ley "no aprueba el control de constitucionalidad, ya que en diversas disposiciones se contrapone con principios constitucionales".

La organización presidida por Alejandro Martí consideró que esa normatividad no establece cómo deberán participar e incidir las organizaciones de la sociedad civil en el Consejo ni prevé un esquema en el que el Estado deba reparar el daño cometido por un particular, lo que implica que los contribuyentes tendrían que cubrir el daño causado por un delincuente.

Expuso que involucra a entidades federativas que carecen de competencia en relación con la atención a víctimas, mientras que prevé que la Comisión Ejecutiva, los grupos de víctimas o algún organismo público autónomo de protección a los derechos humanos tengan la facultad de llamar a comparecer a funcionarios públicos federales, estatales y municipales; sin embargo, solo el Poder Legislativo tiene la facultad constitucional de hacerlo, entre otros señalamientos.

Redacción