AP
6 de octubre de 2015 / 03:58 p.m.

Guatemala.- Un juez de Guatemala decidió enviar a prisión en régimen de total aislamiento a Juan Carlos Monzón para proteger su vida ante el temor de un atentado en su contra antes de que aporte más datos sobre el caso de corrupción en las aduanas en el que participó.

Monzón fue secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y supuestamente el líder operativo de la organización criminal conocida como "La Línea", la organización criminal responsable de una defraudación fiscal de decenas de millones de dólares.

Baldetti y el expresidente Otto Pérez Molina se encuentran en prisión mientras investigan su vinculación con la red.

El juez Miguel Ángel Gálvez decidió que Monzón "debe quedar absolutamente aislado" ante "un temor fundado por su vida" después de que el reo señalase que los máximos líderes de "La Línea", como se denominaba el esquema de defraudación aduanera eran ambos ex mandatarios.

También Francisco García, el abogado defensor de Monzón, que testificó ante el tribunal protegido por un caso y un chaleco antibalas, afirmó que la prisión es el lugar "más conveniente, por el peligro que corre su cliente".

Gálvez señaló en su fundamentación de la orden de prisión para Monzón que la estructura criminal "logró evadir la justicia porque los implicados eran de más alto nivel, incluidos el presidente y la vicepresidenta".

Monzón se entregó a los tribunales el domingo por la noche y declaró ante el juez el lunes. Llevaba en paradero desconocido desde el mes de abril cuando se hizo público el caso de "La Línea", donde supuestamente ejercía como responsable operativo desde el privilegio que le daba su acceso directo a la vicepresidenta.

Se esfumó en Corea del Sur mientras investían con un doctorado "Honoris Causa" a Baldetti, a quien acompañaba como secretario, y no se ha hecho pública la manera en la que entró a Guatemala de manera ilegal al existir una orden de busca y captura contra él desde entonces.

Durante su declaración, Monzón dijo que tenía intención de presentarse ante las justicia hace meses y que su esposa y su hermana trataron de negociar su entrega con la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) para coordinar su entrega.

"Y al salir interceptaron a mi esposa para decirle que me avisara que no me entregara a la CICIG", dijo, aunque no informó quienes le hicieron la advertencia.

También explicó que el objetivo de "La Línea" era "levantar la recaudación" y que "esa estructura y esos cobros ilegales existen desde hace más de 20 años" o que "las cantidades que señala la acusación están muy por debajo de la pura verdad".

Según la investigaciones, un grupo de funcionarios enmarcado en "La Línea" operó de mayo de 2014 a abril de 2015 y tramitó el ingreso ilegal de al menos 1.561 contenedores por las aduanas guatemaltecas por los que cobraron alrededor de 3,6 millones de dólares en sobornos a cambio de ayudar a los empresarios a evadir impuestos.

La investigación comenzó con intervenciones telefónicas que mostraron cómo operaba la red criminal por medio de llamadas a números móviles donde personal ajeno a la Administración Tributaria se encargaba de negociar los montos a cobrar a los empresarios interesados en ingresar ilegalmente productos al país.

El expresidente Pérez Molina y Baldetti renunciaron al cargo en medio de fuertes manifestaciones de la población guatemalteca que exigía el fin a la corrupción. Tras las renuncias ambos se presentaron ante el juez Gálvez que ordenó prisión preventiva para los dos mientras la Fiscalía y la Comisión los investigan.

La Fiscalía y la CICIG aseguran que ambos están vinculados al caso y que se beneficiaron de la estructura, recibiendo al menos el 50% de los sobornos captados.

También se han embargado sus propiedades y se han inmovilizado sus cuentas bancarias para establecer si sus fondos fueron obtenidos de manera ilícita.

Unas 40 personas están siendo procesadas por el caso, mientras más de 100 se encuentran bajo investigación. La Comisión ha dicho que existen al menos 88.000 escuchas telefónicas y miles de documentos que confirman la participación de los acusados en los hechos.