13 de julio de 2013 / 05:28 p.m.

México • El proyecto de dictamen sobre justicia militar —que elabora el Senado— será sometido a consulta con especialistas en materia jurídica, defensores de derechos humanos y dependencias del ramo, como las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

En entrevista, el secretario de la Comisión de Defensa Nacional de esta cámara, el perredista Alejandro Encinas, explicó que lo harán de esta manera porque es una forma distinta de debatir con los sectores interesados.

El legislador explicó que, al ser un tema de gran importancia, los senadores tomarán como referencia las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre juicios a elementos de las fuerzas armadas que han cometido delitos contra civiles en tribunales no militares; asimismo, se basarán en sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"La idea es que las audiencias se lleven a cabo en la segunda quincena de agosto, porque ahorita, en la Comisión de Justicia se está concluyendo la elaboración del Código Único de Procedimientos Penales", detalló.

Encinas aseguró que en esta ocasión, a diferencia de años anteriores, se está avanzando, porque existe una actitud distinta de quienes encabezan a las fuerzas militares del país.

"Hay una situación distinta, no solo porque percibo voluntad política del general secretario (Salvador Cienfuegos) cuando hemos discutido este tema, sino particularmente por la resolución de la Suprema Corte, de que todo delito cometido por militares contra la ciudadanía debe ser atendido por juzgados civiles. Hay jurisprudencia de la Corte, lo que genera un ambiente totalmente distinto del que existía en la legislatura anterior", detalló.

—¿Podría decir que el secretario ya dio su aval a este dictamen?

—No necesariamente. Hubo apertura en la discusión, sin ningún compromiso o acuerdo puntual. Lo que sí puedo afirmar es que la base de la resolución que adopte el Senado será en lo fundamental a partir de la resolución de la Suprema Corte, porque ya se sentó jurisprudencia.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Roberto Gil, indicó que es un avance en el tema de fuero militar tener prácticamente listo un dictamen para que sea discutido en comisiones y que buscarán se vote en septiembre.

Detalló que con esta modificación se cumplirá con recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con la resolución de la Corte.

"Lo que está pendiente es que el legislador modifique las leyes, los códigos, para que esto quede plenamente armonizado; hoy se están tramitando en la jurisdicción ordinaria en razón de una resolución de la Corte, a partir de que se apruebe esta modificación legal esos asuntos se resolverán en la jurisdicción ordinaria por mandato de la ley", refirió.

PIDEN EXPLICACIONES

El PRD en el Senado demandó a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República que informen sobre las versiones de que el CISEN negocia la adquisición de sistemas de rastreo, de celulares, de correos electrónicos y conversaciones en línea.

Mediante un punto de acuerdo, la vicecoordinadora de los senadores perredistas, Dolores Padierna, dijo que existen riesgos de que el Estado espíe a los ciudadanos.

"Nuestra Constitución, en su artículo 16, establece que la injerencia en la privacidad está condicionada a un mandamiento escrito y que los datos personales deben gozar de absoluta protección. La intervención o vigilancia de comunicaciones privadas solo se puede dar bajo reglas muy específicas. Asimismo, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada detalla que las solicitudes de intervención deberán referirse a personas específicas y definir su temporalidad", recalcó en un comunicado.

A consideración de la también integrante de la Comisión de Justicia del Senado, "un Estado que vigila a su población, inhibe e intimida a la ciudadanía para limitar su libre expresión; genera un ambiente adverso para el libre ejercicio de los derechos humanos. La intervención de comunicaciones privadas ha dejado de ser ocasional y se ha convertido en algo continuo y sistemático, por lo que estamos ante graves violaciones a la libre expresión y a la privacidad, a los tratados internacionales, a los artículos de la Constitución y a las leyes relativas".

OMAR BRITO