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1 de julio de 2016 / 06:01 p.m.

Argentina.- La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, enfrenta varias acusaciones en las que es investigada por la justicia por perjuicio a la administración pública, enriquecimiento y asociación ilícita y lavado de dinero.

Ante cada denuncia, Fernández publica cartas en las redes sociales en las que advierte que es víctima de una persecución judicial y que no teme ir presa porque ni así podrá tapar el gobierno del presidente Mauricio Macri el empobrecimiento que han provocado sus políticas.

Esta semana fue particularmente complicada para la exmandataria, ya que la diputada Margarita Stolbizer la acusó ante la justicia de haber liderado una presunta asociación ilícita para implementar un mecanismo de corrupción con los millonarios recursos de la obra pública.

El jueves, el juez Claudio Bonadío ordenó una serie de allanamientos en propiedad

es de Fernández, en el marco del caso conocido como “Los Sauces”, nombre de una sociedad inmobiliaria propiedad de la familia de la exgobernante.

El juez investiga posibles maniobras de evasión impositiva y lavado de dinero, ya que “Los Sauces” alquilaba propiedades y habitaciones de hotel a Lázaro Báez y Cristóbal López, dos de los empresarios más favorecidos con contratos de obra pública durante los gobiernos de Fernández y de su predecesor Néstor Kirchner.

Después de los allanamientos, la Cámara Federal ordenó al juez Sebastián Casanello que sume a la ex mandataria en la causa por presunto lavado de dinero que se sigue en contra de Báez, quien fue amigo personal del fallecido expresidente Kirchner.

Báez está detenido y múltiples allanamientos demostraron la cuantiosa fortuna que acumuló en los últimos años, además de que la justicia ya procesó a sus cuatro hijos al descubrirse que tenían cuentas en Suiza por alrededor de 25 millones de dólares.

Fernández fue procesada en una causa que investiga una operación financiera con dólares, realizada durante su mandato por el Banco Central y en la que está acusada del delito de perjuicio a la administración pública.

Ante el avance de las denuncias judiciales, la expresidenta afirmó que responden a una “campaña de persecución y difamación” impulsada por el gobierno de Macri “y con el explícito incentivo que le brindan los medios hegemónicos de comunicación”.

Agregó que la intención es instalar en la opinión pública la idea de que los gobiernos kirchneristas tuvieron “como único propósito cometer delitos de manera indiscriminada” y que se cree “un nuevo tipo penal: el delito de haber pertenecido al gobierno durante el período 2003/2015”.

Con esta campaña, aseguró, el macrismo y sus aliados mediáticos quieren “distraer a la población mientras el ajuste y la debacle económica aumentan la pobreza, la desigualdad y la inseguridad de manera ya inocultable y exponencial”.