5 de noviembre de 2013 / 11:56 p.m.

 

México.- El Pleno de la Cámara de Diputados exhortó al Ejecutivo federal ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (PIDESC).

Al argumentar el documento que se aprobó de urgente y obvia resolución, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, planteó que el objetivo de la ratificación de este instrumento internacional es garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos en el país.

Destacó la necesidad de que existan mecanismos que garanticen la justicia social tanto a nivel nacional como internacional, ya que el protocolo establece la facultad del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), de cumplir con el PIDESC.

Constituye, enfatizó, una herramienta clave para la protección de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las y los ciudadanos, así como para fortalecer la defensa de la tierra, el territorio, el agua, el medio ambiente y la salud.

El protocolo, indicó, abre la posibilidad para individuos y grupos históricamente marginados, quienes no tienen acceso a la justicia a nivel nacional, para denunciar las violaciones de sus derechos y demandar reparaciones ante un mecanismo jurídico internacional.

En la exposición de motivos, mencionó, que se considera que esta ratificación es necesaria, ya que en el país existe una brecha entre las disposiciones jurídicas internacionales y constitucionales que revisten al Estado mexicano, así como el goce y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.

Recordó que el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de julio pasado, establece que 53.3 millones de personas viven en pobreza, mientras que otros 33.5 millones están en situación de vulnerabilidad, por padecer una o más carencias sociales.

El estudio también revela que una parte significativa de la población carece de las necesidades más básicas como: el acceso a la alimentación (23.3 por ciento), a servicios de salud (21.5 por ciento) y a servicios básicos en la vivienda (21.2 por ciento).

Finalmente, citó que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2008 adoptó el Protocolo Facultativo del PIDESC, y los Estados que lo ratificaron se comprometen a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en dicho instrumento internacional y de evitar cualquier discriminación.

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