AP
30 de junio de 2017 / 02:05 p.m.

CARACAS.- La fiscal general de Venezuela solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección para ella y todos los funcionarios de ese organismo, decisión que se da poco después que el Tribunal Supremo de Justicia le prohibiera salir del país y congelara sus activos y cuentas bancarias como parte de un proceso que le abrieron y podría provocar su enjuiciamiento y destitución.

El máximo tribunal, que es señalado de estar controlado por el gobierno, inició este mes un proceso contra la fiscal por solicitud del diputado oficialista Pedro Carreño que pidió enjuiciar a la funcionaria por el supuesto incumplimiento de sus funciones.

Carreño también pidió a la Corte designar una comisión médica para evaluar a Ortega Díaz por supuesta "insania mental". La fiscal además enfrenta una solicitud de antejuicio de mérito para retirarle un beneficio legal y enjuiciarla por supuestas "faltas graves" que habría cometido en el ejercicio de su cargo.

La Sala Plena fijó para el 4 de julio una audiencia pública en la que Ortega Díaz y otros funcionarios presentarán sus alegatos sobre el caso.

El máximo tribunal otorgó esta semana a la Defensoría del Pueblo las atribuciones para participar en las investigaciones penales de los casos de violaciones de derechos humanos, decisión que menoscaba las competencias de la Fiscalía General, y anuló el nombramiento del vicefiscal. Ortega Díaz dijo que desconocería las sentencias de la Corte por considerar que violan la carta magna y llamó a todos los venezolanos a reestablecer el orden constitucional.

La fiscal general comenzó su distanciamiento del gobierno en marzo tras objetar dos sentencias que dictó el Tribunal Supremo contra la Asamblea Nacional y denunciar una "ruptura" del orden constitucional. En los últimos tres meses la alta funcionaria presentó al menos cinco acciones contra el proceso constituyente que impulsa el presidente Nicolás Maduro y la designación de un grupo de magistrados, procesos que fueron rechazados por el Tribunal Supremo.


pjt