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30 de octubre de 2017 / 07:57 a.m.

BARCELONA/MADRID.- La Fiscalía General del Estado español se querelló el lunes por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos contra el destituido presidente catalán Carles Puigdemont y su gobierno por la declaración unilateral de independencia proclamada el pasado viernes en la región.

El fiscal general, José Manuel Maza, anunció en una comparecencia que la querella se extenderá también contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los miembros de la mesa.

En su querella, Maza define el delito de rebelión como el "más grave que puede cometerse contra el Estado y sus "principales instituciones". Asimismo, agregó que "con sus acuerdos, posibilitaron la tramitación de los proyectos esenciales para el desarrollo y la culminación del proceso independentista".

Los querellados serán citados próximamente a declarar, tras lo que se les podrían aplicar medidas cautelares, que podrían incluir fianza y embargo de bienes por hasta 6.207.450 euros. El proceso contra el Gobierno catalán se realizará en la Audiencia Nacional y el segundo caso será tratado por el Tribunal Supremo.

Mientras, la vuelta al trabajo de los funcionarios catalanes tras la intervención del Gobierno español transcurría el lunes con normalidad y la calma reinaba en las calles pese a los llamados a la desobediencia civil de políticos secesionistas.

Aunque algunos trabajadores del sector público todavía tienen que decir a sus nuevos jefes si aceptarán sus órdenes, los primeros indicios de que las medidas excepcionales aprobadas para frenar la independencia se están afianzando eran un alivio para los mercados financieros, que subían durante la sesión.

Cataluña, una región próspera que tiene su propio idioma y cultura, desencadenó la mayor crisis de España en décadas al celebrar un referéndum independentista el 1 de octubre, que los tribunales españoles calificaron de ilegal.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, asumió el control directo de la región el viernes, despidió a la totalidad de su gobierno secesionista y convocó a elecciones anticipadas para el 21 de diciembre. Sin embargo, algunos miembros del gobierno catalán, incluido Puigdemont, dijeron que no aceptan la medida y que solo los catalanes pueden despojarlos de sus cargos.

NORMALIDAD

Los principales grupos cívicos detrás de la campaña independentista habían llamado a una desobediencia civil generalizada y dijeron que trabajadores del sector público como profesores, bomberos y policías deberían rechazar las órdenes de las autoridades centrales.

Sin embargo, la mayoría de los trabajadores comenzó de forma normal su jornada laboral y no había señales de un ausentismo generalizado. La mayoría de los líderes depuestos no llegó a desafiar directamente a las autoridades nacionales y tampoco había señales de manifestaciones espontáneas.

Puigdemont publicó una foto desde la sede del gobierno regional en Instagram, pero no fue visto entrar al edificio, lo que sugiere que podría haber sido tomada por otra persona. Más tarde, la prensa barcelonesa informó de que el depuesto presidente catalán viajó a Bruselas con algunos miembros de su gabinete, donde harán una declaración.

En tanto, el jefe de transporte regional, Josep Rull, publicó en Twitter una foto suya trabajando en su oficina, pero luego se le vio abandonar el edificio, afirmando que asistiría a una reunión de su partido y continuaría con su agenda.

Otros líderes regionales no acudieron a sus oficinas, aunque algunos trabajadores sí lo hicieron. Uno de los 140 altos funcionarios nombrados directamente por el gobierno saliente describió la situación como "normal" y dijo que aún no había recibido ninguna carta de despido.

"Nosotros, los funcionarios, queremos que todo sea normal. Las cosas tienen que continuar. El trabajo diario todavía tiene que hacerse", dijo el funcionario, que trabaja con el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras.


ilp