11 de febrero de 2013 / 01:54 p.m.

La operación de tres penales de supermáxima seguridad creados en el gobierno de Felipe Calderón para confinar a los reos más peligrosos está en el limbo jurídico, ya que el Senado no ha aprobado la legislación que da sustento al funcionamiento de estos centros, que costaron más de mil 800 millones de pesos.

En el sexenio pasado se tenía incluso una lista de alrededor de 200 “candidatos” para ser ingresados en dichos módulos especiales, que se ubican en Guasave, Sinaloa, y Papantla y Perote, Veracruz, según un informe del gabinete de seguridad nacional al que MILENIO tuvo acceso.

Las instalaciones fueron diseñadas para el aislamiento total de reos de alta peligrosidad, quienes solo tendrán una hora de sol por 23 de confinamiento. Por su perfil criminológico, estos sujetos tienen capacidad para generar crisis en el sistema penitenciario federal por su poder económico, intelectual o delictivo.

El secuestrador Andrés Caletri (quien se fugó de tres penales capitalinos en los noventa) era uno de los convictos que sería trasladado a algún penal de supermáxima seguridad.

Sin embargo, la entrada en vigor de este esquema (en su nivel seis) permanece congelada, ya que el Senado no ha aprobado la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones.

La minuta ya había sido discutida cuando llegó en abril del año pasado al Senado, de ahí que la administración de Calderón estuviera convencida de que se aprobaría entre septiembre y noviembre, antes de la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, pero no ocurrió así.

La desaparecida Secretaría de Seguridad Pública federal creó ocho módulos de supermáxima seguridad conforme a lo establecido por la Asociación Internacional de Prisiones y Correccionales (ICPA, por sus siglas en inglés), organismo reconocido como experto asesor por el Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La ICPA es la mayor asociación de su tipo en el mundo y cuenta con 60 países miembros. En 2012 eligió a México como sede de su 14 conferencia anual, en reconocimiento a la operación de la red carcelaria, además de que brindó asesoría durante el calderonismo en el tema de operación segura, que implicó cero fugas, motines y riñas.

De los ocho módulos de supermáxima seguridad que se construyeron, seis se encuentran en el Complejo Penitenciario de Papantla, uno en Perote (Veracruz) y otro más en Guasave (Sinaloa).

Según el mismo reporte del gabinete de seguridad nacional, algunas de esas instalaciones en Veracruz están en operación, pero lo hacen con el reglamento de nivel cinco, que es de máxima seguridad, y no con la escala para la que fueron creadas.

La segregación total de los reos que implica el nivel seis se aplicará por periodos de seis a ocho meses como máximo, además de que tendrán tareas de reinserción para tratar de modificar sus conductas.

Los módulos tienen estrictos controles de vigilancia las 24 horas, los 365 días del año, y métodos de “reinserción social” diseñados en Estados Unidos.

De hecho, los reos solo tendrán contacto con sus abogados mediante teleconferencias y se restringirá la visita íntima. Las instancias son unitarias para evitar la interacción de la población penitenciaria con custodios.

Las puertas de las celdas son dobles con exclusas (sistema usado en bancos) dirigidas a control remoto, vigilancia extramuros e inhibidor de señales.

Si el comportamiento de los convictos es considerado “adecuado”, se les permitirá una “visita virtual” con familiares o amigos a través de teleconferencias.

Aun cuando Naciones Unidas avala la operación de las prisiones de supermáxima seguridad (siempre y que alberguen hasta 2 por ciento de reos), en México este esquema se diseñó solo para el 1 por ciento, lo que implica alrededor de 400 espacios.

El gobierno justificó la utilidad de estas cárceles porque evitarán cualquier inestabilidad del sistema penitenciario, debido a la peligrosidad de narcotraficantes y miembros de la delincuencia organizada capturados.

Estos penales “representa un hito en los servicios penitenciarios (…) Se podrá tener en condiciones de absoluta seguridad a los reos más peligrosos, a los más violentos y a los que pongan en peligro la vida de otros compañeros o de servidores públicos”, dijo Calderón en marzo de 2012.

— IGNACIO ALZAGA