29 de noviembre de 2013 / 11:57 p.m.

Mazatlán.- El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, afirmó que hay un plan y una estrategia para, en un plazo aceptable, desbaratar el poder que genera el dinero a las mafias.

En conferencia de prensa el funcionario planteó que el verdadero problema que genera la delincuencia organizada es que al adquirir una gran cantidad de dinero obtiene mucho poder, por lo que es prioritario abatir sus ilícitas ganancias.

Luego de clausurar la XXX Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia subrayó que la delincuencia actúa sin decretos, sin reglamentos y sin fronteras, por lo que las instituciones deben hacerles frente para beneficio de la población.

Indicó que "lo que debemos hacer quienes tenemos la obligación de combatir esa delincuencia es actuar con coordinación para que las fronteras se conviertan no en murallas que dividan, sino en puentes de comunicación entre las autoridades".

En el Centro Internacional de Convenciones, Murillo Karam afirmó que las acciones para combatir a la delincuencia se hacen con absoluta precisión, pues no es lo mismo el tipo de criminalidad que se da en el norte del país a la del sur, por lo que cada estado requiere el uso adecuado de la fuerza y de la capacidad de las instituciones.

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que el deterioro de las propias instituciones y en especial el de las procuradurías constituyó una de las razones fundamentales por las que la delincuencia comenzó a ganar terreno.

Ante el gobernador de la entidad Mario López Valdez, y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, enfatizó que ante ello "estamos fortaleciendo las procuradurías en todo el país con los instrumentos que la propia ley señala".

Respecto a los señalamientos de un presunto líder de los Caballeros Templarios contra la senadora panista Luisa María Calderón expresó que la obligación de la PGR en todos los casos es investigar primero y sólo se actúa ante una evidencia contundente.

Indicó que sería grave cualquier señalamiento que de manera previa hiciera el procurador "porque atentaría contra la presunción de inocencia, que es una de las obligaciones que se deben cuidar".

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