28 de abril de 2013 / 06:53 p.m.

Ciudad de México • A fin de blindar los programas sociales y evitar su uso electoral, la bancada del PRD en el Senado impulsará una reforma a nivel constitucional, anunció su coordinador Miguel Barbosa Huerta.

El legislador puntualizó en un comunicado que el objetivo es provocar una cultura de la legalidad, toda vez que el dinero es para ayudar a la gente y no para usarse con fines políticos.

Puntualizó que la utilización de los programas sociales para inducir el voto ciudadano es inaceptable para la convivencia democrática e incompatible con un Estado Constitucional de Derecho.

En este contexto, el senador por Puebla consideró urgente hacer las reformas jurídicas a la Constitución para evitar que se presenten situaciones como las que se vieron en Veracruz.

Añadió que para corregir los vacíos legales es necesaria una nueva generación de reformas que constituyan un verdadero blindaje a los programas sociales que manejan los gobiernos federal, estatal y municipal.

Barbosa Huerta dio a conocer que la fracción legislativa perredista trabaja en una reforma al Artículo 134 constitucional para atender esta problemática en tres grandes apartados: preventivo, correctivo y sancionatorio.

En lo preventivo, detalló, se propondrán adiciones para instituir un esquema de participación ciudadana en el diseño de presupuestos en rubros sociales con una visión de fortalecimiento del tejido social, así como de vigilancia en su aplicación.

"Se trata de contralorías ciudadanas, conformadas por integrantes de las comunidades beneficiarias y con plenas atribuciones para proponer la sanción de servidores públicos que se aparten de su encomienda legal", precisó el senador perredista.

En lo correctivo se planteará que cuando esté en curso una investigación por uso de recursos públicos de programas sociales con fines electorales, deben separarse inmediatamente de su cargo los involucrados, incluyendo la cadena de mando respectiva, para permitir una investigación imparcial.

Respecto a la parte sancionatoria, se buscará establecer un modelo inhibidor con penas que correspondan a la gravedad de la conducta y con mecanismos eficaces que eviten la impunidad, abundó el legislador.

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