Reuters
8 de febrero de 2014 / 03:55 p.m.

Palma de Mallorca. - La infanta Cristina declaró el sábado como imputada por un presunto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales en un caso de corrupción que ha situado a la monarquía española en uno de sus momentos más difíciles desde su restauración hace casi cuarenta años.

Cristina de Borbón, el primer miembro de la Casa Real que se sienta en el banquillo, declara por su participación a medias con su marido, Iñaki Urdangarin, en la sociedad Aizoon, a la que se sospecha que el yerno del Rey desvió parte de los fondos públicos con los que supuestamente se enriqueció de forma ilícita.

Con una actitud serena y tranquila, la infanta respondió a la mayoría de las preguntas del juez con evasivas, dijo a periodistas Manuel Delgado, abogado de la acusación popular del Frente Cívico presente en el interrogatorio.

"No está contestando prácticamente a nada. No sabe no contesta y no se sale del guión que teníamos esperado", dijo en un receso de la sesión.

Preguntado por si la infanta respondía con evasivas a las preguntas, el abogado contestó: "El 95 por ciento".

La llegada al juzgado de la infanta de 48 años, séptima en la línea de sucesión al trono español, se prudujo apenas 15 minutos antes de su declaración cuando llegó al tribunal en un coche con los cristales tintados, mientras un amplio despliegue policial bloqueaba las calles colindantes y unos 200 agentes vigilaban la zona.

El acontecimiento en Palma - la misma ciudad que dio nombre al título de duques de la pareja al casarse - simboliza el alcance de los casos de corrupción surgidos al calor de la burbuja inmobiliaria en España, que han indignado a unos ciudadanos ahogados por cinco años de crisis económica.

La Casa Real ha tratado de distanciarse de la pareja, que no interviene en actos públicos desde octubre de 2011, pero el goteo de las revelaciones en una instrucción judicial que ya dura más de tres años y el accidente sufrido por el Rey en una cacería en Botsuana en 2012 - tras el cual ha sido operado en varias ocasiones de ambas caderas - han perjudicado notablemente la imagen de la institución.

La popularidad del Rey - muy apreciado durante décadas por su papel en la transición a la democracia - se encuentra en mínimos, y una mayoría de españoles, según los sondeos, quiere que abdique en su hijo el príncipe Felipe, una posibilidad descartada por la Casa Real.

 

"NO DEBERÍA SER TAN COMPLICADO"

El juez José Castro ve culminado su intento de interrogar a la infanta, que inició en abril de 2012 con una primera imputación rechazada posteriormente por la Audiencia Provincial de Palma, en un trámite que, recuerda, "se cuenta por miles en el quehacer judicial de España (...) sin que a nadie se escandalice".

La imputación está apoyada por la acusación popular del grupo anticorrupción Manos Limpias y ha sido rechazada por la fiscalía, que ha acusado al juez de apoyarse en una "teoría conspiratoria" para tomar su decisión.

En su auto de imputación, de 227 páginas, Castro afirmó que "no debería parecer tan complicado entender, o quizás explicar, que cuando menos - y se ha de insistir en el paroxismo que de momento es sólo eso lo que se pretende - se ha de brindar a Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia la oportunidad de facilitar explicaciones".

El magistrado considera que Aizoon fue una de las sociedades pantalla utilizada por el Instituto Nóos, una entidad supuestamente sin ánimo de lucro presidida por Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres pero que habría malversado fondos públicos por hasta seis millones de euros.

La infanta, como partícipe de la sociedad a medias con su marido, se benefició de "los fondos ilícitamente ingresados" en Aizoon y pagó menos impuestos a Hacienda al cargar gastos personales a la sociedad, señala el juez instructor.

La declaración podría poner fin a la instrucción del caso Nóos, aunque el juez aún tiene que responder a una petición de Manos Limpias para extender la investigación a los fondos que la candidatura olímpica de Madrid 2016 pagó a otra empresa de Urdangarin.

A partir de ahí, elaborará un auto de procedimiento abreviado en el que incluirá a las personas que cree deben ser procesadas y que puede ser recurrido por las partes, y posteriormente, el auto definitivo de apertura de juicio oral, para el que no hay fecha.