Angélica Mercado e Iván Villavicencio 
17 de julio de 2013 / 08:01 p.m.

 

Ciudad México  • La mayoría panista y el PRD en el Senado presentaron su iniciativa de reforma político y electoral de 30 puntos, para transitar a un régimen semi presidencial, al advertir que no se conformarán con “reformas chiquitas”, por lo que el proyecto será cabildeado directamente con el presidente Enrique Peña Nieto.

En conferencia de prensa conjunta, el coordinador perredista, Miguel Barbosa, y el presidente del Senado, Ernesto Cordero, presentaron el proyecto que será presentado oficialmente el próximo miércoles ante la Comisión Permanente, con la intención de que se discuta en el periodo extraordinario de la segunda quincena de agosto.

La iniciativa incluye reformas a la Constitución, al código electoral y modificaciones a otras leyes. Además, crea una Ley de Participación Ciudadana, Ley de Réplica y una Ley de Réplica que daría a los partidos, candidatos y precandidatos la garantía de este derecho.

Acompañados de los senadores Roberto Gil y Manuel Camacho, los legisladores dejaron en claro que no aceptarán “una reforma más chica”, al sostener que México está preparado para dejar ya el régimen presidencial absoluto y pasar a uno semi presidencial .

“Esta es la auténtica reforma del Estado”, presumió el perredista Camacho Solís, mientras Cordero Arroyo resaltó que a partir de hoy inician el cabildeo con todos los actores políticos que sea necesario, incluyendo al presidente Peña Nieto, los diputados y demás grupos políticos en a,bas cámaras.

EL CONTENIDO

El proyecto de reforma política contempla cambios constitucionales para impulsar la segunda vuelta en la elección presidencial; la figura de jefe de gabinete con obligación de rendir cuentas al Congreso cada mes; un cuarto nivel de gobierno mediante Juntas Comunitarias que gozarán de presupuestos; autonomía de la PGR y la Fepade; eliminación del fuero para todos los funcionarios y reelección legislativa y de alcaldes, entre otros cambios.

En materia electoral, se hacen obligatorios los debates entre candidatos y su transmisión e incluye sanciones “severas” a quienes se nieguen a acudir; se regulan las encuestas; se incorpora a la leyelectoral la figura de candidaturas independientes; se impulsa la urna electrónica y se sientan las bases para que candidatos y partidos se beneficien con la Ley de Réplica.

Además, se endurecen los mecanismos de fiscalización al permitir que se revisen las cuentas de los partidos durante las campañas; se endurecen las sanciones hasta la pérdida del registro a partidos y candidatos que rebasen los topes de campaña; se regresa al Consejo General del IFE la facultad de revisar los informes de gastos.

Tras las denuncias de utilización de medios para favorecer a un candidato en la pasada elección federal, la oposición en el Senado impulsa también una Ley de Propaganda Gubernamental para transparentar el acceso a los medios de comunicación, particularmente a las televisoras, con la creación de un Consejo Ciudadano.

En ésta, se propone la obligación de que cualquier gasto público relacionado con comunicación social sea información pública; los topes presupuestales al gasto de comunicación social de los entes públicos para que no puedan exceder el 0.5% del presupuesto de egresos.

Además, se busca regular que los tiempos oficiales del Estado sean distribuidos entre los tres poderes de la Unión, los poderes locales y los órganos constitucionales autónomos de forma equitativa; además de una “distribución equitativa de la inversión entre todos los medios de comunicación social con base en criterios de audiencias y penetración de mercados”.

En la iniciativa --cuyo proyecto estaba a revisión y pase de firmas todavía anoche—propone también prohibir y sancionar la discriminación de medios por línea editorial y obliga a que los comunicados oficiales de los poderes públicos tengan información pública de carácter relevante; se prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos en cualquier modalidad de comunicación social.

Panistas y perredistas buscan crear un Consejo Ciudadano encargado de dictar políticas en materia de propaganda gubernamental; así como definir los criterios rectores de la propaganda gubernamental con objetividad, imparcialidad, equidad, lealtad institucional y veracidad, con “procedimientos y sanciones por el incumplimiento a las obligaciones consignadas en la ley”.

Por lo que toca a las reformas constitucionales, en la segunda vuelta electoral se plantea que aplique a la elección presidencial entre los dos punteros, para que ocupe el cargo quien logre mayoría absoluta.

El jefe de gabinete deberá ser ratificado por el Congreso y tendrá como atribuciones sustituir al presidente de la república en ausencias temporales, con facultades para presentar iniciativas de ley, coordinará al gabinete, conducirá las relaciones del Ejecutivo con otros poderes y entidades federativas, entre otras funciones, y deberá comparecer antes las cámaras cada mes.

El gabinete presidencial y el programa de gobierno deberá ser ratificado por mayoría absoluta del Congreso.

Se prevé la intervención subsidiaria de la federación. “En casos de grave alteración social, debilidad institucional, amenazas o riesgos a la seguridad o gobernabilidad democrática, incapacidad de órdenes de gobierno locales para mantener estabilidad política o social, la Federación asumirá funciones de los órdenes locales o declarar la desaparición de poderes”.

En la iniciativa no se contempla la creación de un Instituto Nacional de Elecciones. En cambio, se propone darle facultades al Senado para declarar desaparición de órganos electorales locales.

Se faculta al Congreso para expedir leyes del sistema nacional de carrera del funcionariado electoral; habrá nuevos tipos y penas más severas para la contratación encubierta de espacios que busquen posicionar a servidores públicos o candidatos.

Se penalizará el “turismo electoral”; se fiscalizará a candidatos independientes y se busca obligar a que sean públicos los padrones de proovedores y costos de campañas y precampañas.