PAN y PRD van contra la injerencia de gobernadores

En la reforma política del Pacto por México plantean crear el instituto y el código nacional de elecciones, así como homologar los comicios.

 

México? La reforma electoral que demandan PAN y PRD al Pacto por México busca acabar con el control que ejercen los gobernadores de todos los partidos sobre los institutos electorales en sus estados, y que se convirtió en condición de la oposición para mantener el diálogo en torno a las reformas hacendaria y energética, tras la denuncia de la oposición por lo ocurrido durante el pasado proceso electoral.

La propuesta que pretende ser avalada en un periodo extraordinario de sesiones en agosto, a partir de la reanudación del diálogo con el gobierno federal, incluye tres temas prioritarios: la creación del Instituto Nacional de Elecciones, un Código Nacional Electoral, así como la homologación de todos los procesos electorales en el país en dos ?súper domingos? cada seis años.

Se busca que se avalen cambios en los 14 estados del país que aún tienen elecciones en fechas distintas, para que solo haya dos procesos electorales y en todas las entidades del país se renueve la gubernatura el mismo día. Con ello se busca acabar con los periodos en los que los partidos políticos no logran acuerdos legislativos, por encontrarse inmersos en disputas electorales.

Las reformas en materia política y electoral están consideradas en los compromisos 87 al 95 del Pacto por México, firmado en diciembre de 2012 y que, de acuerdo con el calendario acordado entre partidos y gobierno, deberán estar presentadas a más tardar en agosto de 2013.

El condicionamiento de PAN y PRD tras el proceso electoral del 7 de julio tiene que ver con su exigencia de que se cumpla el calendario tal y como se firmó, mientras que las reformas, energética y hacendaria tienen como fecha el segundo semestre de 2013 y principios de 2014.

Para la oposición, quitar el control de los gobernadores a los órganos electorales es una acción inmediata, saldo del proceso electoral y que no se cumplió dentro del agregado al Pacto por México, firmado para blindar los comicios.

?La mayor falla del proceso electoral de 2013 es que los órganos electorales no tienen independencia y son en su inmensa mayoría a modo, autoridad inexistente para servir como árbitro y cargan los dados con el agente político con el que tenga mayor compromiso?, dijo en entrevista con MILENIO, el secretario técnico del PRD en el Consejo Rector del Pacto por México, Guadalupe Acosta.

Los partidos firmantes del Pacto y el gobierno federal acordaron, desde diciembre pasado, impulsar la reforma política del Distrito Federal, gobiernos de coalición, reelección legislativa y de alcaldes, así como una ley de partidos políticos y un régimen semiparlamentario que limite las facultades del Ejecutivo y mecanismos de participación directa.

Se impulsa una reforma constitucional para otorgarle al Presidente la facultad de optar entre gobernar con minoría política o a través de una coalición legislativa y de gobierno, que impulse programas que garanticen su ejecución integral o los puntos coincidentes que hayan acordado las fuerzas políticas coaligadas.

Además, una agenda legislativa que se convierta en preferente por la fuerza mayoritaria de la coalición y en soporte del programa de gobierno, así como un gabinete de coalición.

Se pretende también adelantar la fecha de la toma de posesión del Ejecutivo, del 1 de diciembre al 15 de septiembre.

Dentro de la ley de partidos que promueve el Pacto, se busca crear un marco jurídico que genere mayor transparencia, certidumbre y estabilidad al sistema político. Además, reducir el costo de los procesos electorales con la disminución de los montos de gastos de campaña y crear una instancia ciudadana que supervise y establezca un límite a la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno.

Se pretende incorporar la causal de nulidad de las elecciones por rebase de tope de gastos de campaña, revisión de los tiempos oficiales de radio y televisión para impulsar una cultura de debate político y una racionalización del uso de los anuncios publicitarios.

La reforma política del Distrito Federal contempla darle carácter de capital de la República con Constitución propia.

LILIANA PADILLA