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8 de septiembre de 2015 / 08:41 a.m.

Ciudad del Vaticano.- El Papa Francisco introdujo una serie de reformas a la ley eclesiástica encaminadas a simplificar, agilizar y volver gratis los procesos de constatación de nulidades matrimoniales.

El Vaticano presentó hoy dos decretos papales en la materia, se trata de los “motu proprio date” (como se le conoce en la jerga eclesiástica) del título “Mitis Iudex Dominus Iesus” (Manso juez señor Jesús) y “Mitis et misericors Iesus” (Manso y misericordioso Jesús).

Con ellos el pontífice modificó las leyes fundamentales de la Iglesia católica latina, (el Código de Derecho Canónico), y también la legislación particular de las Iglesias orientales (el Código de los Cánones).

El Papa constató la existencia “del enorme número de fieles que, incluso deseando proveer a la propia conciencia, muy a menudo se mantienen distantes de las estructuras jerárquicas de la Iglesia a causa de la distancia física y moral”.

Por eso estableció la necesidad de “procesos más rápidos y accesibles”, para evitar que “el corazón de los fieles que esperan la aclaración del propio estado no sea largamente oprimido por las tinieblas de la duda”.

Entre las innovaciones más importantes destaca la abolición de la llamada “doble sentencia conforme”, establecida por el Papa Benedicto XIV en 1741.

Según el proceso anterior, después de una sentencia de constatación de nulidad era necesario que un segundo juez analizase todos los documentos para dar su propio veredicto antes que los cónyuges quedasen libres del vínculo sacramental.

A partir de ahora será necesario una sola sentencia para alcanzar la “nulidad ejecutiva”. Para constatar esto se establecerá un juez único, siempre clérigo, que actuará bajo la responsabilidad del obispo de cada diócesis.

Además se introducirá el llamado “proceso breve”, que aplicará “en los casos en los cuales la nulidad del matrimonio es sostenida por argumentos particularmente evidentes”, por ejemplo cuando la solicitud ha sido avanzada por los dos cónyuges o con el consenso del otro.

También se subraya la gratuidad de los procedimientos “porque la Iglesia, mostrándose a los fieles madre generosa, en una materia tan estrictamente ligada a la salvación de las almas, manifiesta el amor gratuito de Cristo por el cual todos hemos sido salvados”.

Otra novedad es que la responsabilidad transferida a los obispos de cada diócesis, que deben fungir como jueces en muchos casos. Y los arzobispos, cabezas de Iglesias metropolitanas, serán los primeros en recibir las apelaciones de los casos.

Todos estos cambios fueron incluidos por el Papa en los decretos (fechados el 15 de agosto), los cuales surgieron del trabajo de una comisión especial para la materia constituida por Francisco en agosto de 2014.

Al ilustrar la reforma el presidente de la comisión, Pío Vito Pinto, aclaró que las modificaciones tocarán a “pocos miles de personas” y sostuvo que el pontífice considera a los divorciados como “una categoría de pobres” espirituales.

“No será un sistema automático, no excluimos resistencias, somos hombres. No será fácil implementar este nuevo proceso, pero confiamos en la libre comunión que prevalece en la Iglesia”, apuntó.