AP
6 de junio de 2016 / 04:50 p.m.

Cuidad del Vaticano.- El papa Francisco nombró el lunes un comisionado especial para la Iglesia católica en Guam, una isla en el océano Pacífico, luego de que su arzobispo fuera acusado de abusar sexualmente de niños y de manipular las normas para que no lo descubrieran.

La arquidiócesis de Agana, en el territorio estadounidense, declaró la semana pasada que había contratado un bufete de abogados y un investigador independiente para examinar las denuncias formuladas contra el arzobispo Anthony Apuron y por la forma en que los casos de abusos fueron manejados por su departamento.

El lunes, Francisco designó al arzobispo Savio Hon Tai-Fai, actualmente el segundo al mando en la nunciatura local, como "administrador apostólico" para Agana. Usualmente los administradores apostólicos son designados de manera interina para gobernar diócesis o arquidiócesis hasta la llegada de un nuevo arzobispo.

Apuron, que sigue en su cargo, ha negado enfáticamente haber abusado de un monaguillo y del hijo de una mujer de Arizona, ahora fallecido, en la década de 1970. Las denuncias surgieron la semana pasada luego que un diácono acusó a Apuron de debilitar las normas con el propósito de encubrir las ofensas.

El diácono Steve Martínez, antes coordinador de la comisión que investigaba denuncias de abusos sexuales en la iglesia local, divulgó cartas que escribió a Apuron a partir de 2014 en las que advertía sobre problemas en la política de la iglesia. Dijo en conferencia de prensa que había un conflicto de autoridad, ya que el mismo Apuron estaría a cargo de decidir cuándo seguir adelante con una investigación y cuáles medidas punitivas se deben tomar.

Martínez fue destituido de su cargo en 2014.

En respuesta, la arquidiócesis amenazó con emprender una demanda judicial y acusó a Martínez de incompetencia, de esparcir "rumores falsos y maliciosos" y de conspirar para destituir a Apuron.

La medida ocurre dos días después de que Francisco detalló las normas para destituir a obispos por negligencia en caso de que obstruyan investigaciones de abusos sexuales cometidos por algún cura de su diócesis. Para casos en que los mismos obispos están acusados de abuso sexual, las normas serían las mismas que ya se han establecido para investigar y sancionar a líderes religiosos en caso de ser hallados culpables.