18 de junio de 2013 / 08:07 p.m.

La Corte prevé aprobar que las declaraciones patrimoniales de servidores públicos, incluido el Presidente, podrán ser públicas, pero con previa aprobación.

 

Ciudad de México • La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfila a avalar que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que forman parte de todos los poderes y órganos federales, incluido el Presidente de la República, solo podrán conocerse de manera pública si sus titulares así lo desean.

Durante el análisis del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que permite a diputados, ministros y funcionarios decidir si sus declaraciones patrimoniales se hacen públicas o no, seis ministros se han pronunciado a favor de la constitucionalidad del artículo.

El asunto derivó de un amparo en revisión que presentó un quejoso, quien desde 2011 solicitó copia de la declaración patrimonial de los 500 diputados federales de la anterior legislatura, datos que le fueron negados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), argumentando la privacidad de datos personales.

Algunos ministros que apoyan la postura de José Ramón Cossío Díaz en el sentido de conceder la protección de la justicia al quejoso, dijeron que no necesariamente tenía que declararse inconstitucional el artículo.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea comentó que toda información en manos del Estado es pública, pero no toda es publicable, ya que hay de tipo reservada y confidencial.No obstante, estas excepciones son totales.

Destacó que en este asunto hay una ponderación entre el derecho al honor y el derecho a la información, por lo que el artículo es susceptible a una interpretación.No obstante, lo mejor, explicó, es entregar versiones públicas a los ciudadanos que así lo solicitan.

El ministro Sergio A. Valls Hernández, quien también se pronunció a favor de otorgar el amparo, destacó que los ciudadanos tienen el poder fiscalizador de la función pública.Dijo no pasar por alto la seguridad de los funcionarios y sus familias, debido a la inseguridad que priva en el país, pero sí deben elaborarse versiones públicas.

El asunto se votará el próximo jueves, porque al final de la sesión José Ramón Cossío Díaz pidió la palabra para responder a los cuestionamientos de cada uno de sus homólogos, particularmente de los que no están a favor de su proyecto.

RUBÉN MOSSO