ISRAEL NAVARRO
13 de abril de 2013 / 09:15 p.m.

Ciudad de México • La bancada del PRI en la Cámara de Diputados perfiló la aprobación para esta semana de la Ley General de Víctimas y de la iniciativa de reformas constitucionales para acotar el arraigo judicial de 40 a 20 días.

En entrevista, el vicecoordinador de la fracción, Manuel Añorve, indicó que ambos esquemas legales están apegados al respeto de los derechos humanos y darán mayor certeza al sistema judicial mexicano.

Recordó que el pasado jueves el pleno de San Lázaro hizo la declaratoria de publicidad del dictamen de la Ley de Víctimas, por lo que confió en que este martes sea avalado sin cambios.

"El beneficio es responderle a muchos mexicanos que fueron afectados durante varios años, es darles una respuesta a las organizaciones civiles que demandaban un marco jurídico en este tema", dijo.

El documento incluye las observaciones formuladas por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, así como otras organizaciones sociales, y rectifica las deficiencias técnicas y jurídicas de la ley originalmente promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 9 de enero.

La Ley General de Víctimas establece mecanismos de reparación integral, sin limitarse a indemnizaciones económicas, pero establece las diferencias entre víctimas del delito y víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de la autoridad.

Respecto a la iniciativa de reformas constitucionales presentada, entre otros, por los líderes camerales, Manlio Fabio Beltrones y Luis Alberto Villarreal para acotar el arraigo judicial y reducir su temporalidad de 40 a 20 días, Añorve confió en su pronta aprobación.

Calificó como "irresponsables" y "demagógicas" las posturas del PRD y Movimiento Ciudadano, quienes proponen la eliminación total de la herramienta jurídica.

Refirió que en delitos como la trata de personas y la pornografía infantil en los términos legales actualmente establecidos no se puede configurar el delito, por lo que a través del arraigo es necesario dar más tiempo para concluir la averiguación.

Rechazó que la propuesta vulnere los derechos humanos y confió en que el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, la utilizará con seriedad y sin fines políticos.

"Estamos buscando los acuerdos para dictaminar de esta manera, desaparecerlo es una irresponsabilidad hay delitos como la trata de personas como la pornografía infantil que en términos legales no se pude configurar el delito y se requiere más tiempo para concluir la averiguación", dijo.

La propuesta condiciona el uso del arraigo en la acreditación de indicios sobre delitos del crimen organizado, más allá de la presunción.

La vigencia del arraigo es actualmente de 40 días, con la posibilidad de ampliarlo 40 más, mientras el proyecto prevé un plazo máximo de 20 días y una prórroga máxima de otros 20.

La propuesta de modificaciones y adiciones al artículo 16 constitucional prevé asimismo la ampliación de hasta 72 horas en la retención de los probables responsables de algún delito, antes de que el Ministerio Público consigne los casos ante un juez.Para delitos comunes, el plazo vigente es hoy de 48 horas, en tanto que para asuntos vinculados a la delincuencia organizada es de 96.