13 de agosto de 2013 / 11:43 p.m.

Ciudad de México • El ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva, solicitó al presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, incluir en el próximo período de sesiones la modificación al Código de Justicia Militar, para que la autoridad civil pueda conocer de delitos cometidos por militares en perjuicio de particulares.

En una carta dirigida al senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fechada el 9 de agosto pasado, Plascencia Villanueva expresó su preocupación de que no se ha considerado incluir la modificación al artículo 57 del Código de Justicia Militar, para adecuarlo a la realidad del país.

La solicitud obedece a que se trata de un precepto contrario al espíritu del artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece con precisión la competencia de tribunales del orden civil: "Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda".

También impide el acceso a la justicia de las víctimas, así como de sus familiares, como se ha demostrado en diversas ocasiones, lo que ha motivado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya presentado desde enero del 2010, distintas denuncias respecto a delitos cometidos por servidores públicos pertenecientes al Ejército mexicano en contra de particulares.

Además existen diversos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentencias condenatorias para el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Incluir la reforma en el próximo período ordinario o extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, anunciado para este mes de agosto, para su análisis y posterior modificación, permitiría dar cumplimiento a las múltiples recomendaciones emitidas por la CNDH y pronunciamientos de organismos internacionales, además de proteger de mejor manera los derechos humanos, conforme lo refiere el artículo 1 de la Constitución mexicana.

EUGENIA JIMÉNEZ