Pide HRW a México rechazar reforma sobre el arraigo
La organización de derechos humanos señaló que dicha figura ofrece a los agentes del Ministerio Público un "incentivo perverso" para privar a personas de su libertad.
Washington DC -Baltimore ? La organización Human Rights Watch hizo hoy un llamado al Congreso mexicano a fin de rechazar un proyecto de reforma constitucional sobre el arraigo.
La reforma propuesta, que reduciría el período máximo de arraigo de 80 a 40 días, no se adecuaría a las normas internacionales de derechos humanos, por lo que el Congreso de México debería directamente eliminar esta práctica, sostuvo.
"El arraigo contraviene algunos de los principios más fundamentales de la Constitución de México, como las garantías frente a detenciones arbitrarias", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Vivanco señaló que la figura del arraigo ofrece a los agentes del Ministerio Público un "incentivo perverso" para privar a personas de su libertad sin antes haber efectuado una investigación exhaustiva.
"La única forma de asegurar que se realicen investigaciones eficientes y profesionales, y de contrarrestar la negligencia y los abusos que ha fomentado esta modalidad de prisión preventiva, es eliminar el arraigo completamente de la Constitución", insistió.
HRW hizo notar que la legislación vigente concede a los agentes del Ministerio Público un plazo de cuatro días para presentar a personas presuntamente involucradas en la delincuencia organizada ante un juez.
Pero a través del arraigo, añadió, los agentes del Ministerio Público pueden solicitar autorización judicial para extender la detención durante un período adicional de 80 días antes de consignar a estas personas, mientras continúan con la investigación.
Vivanco también rechazó proyecto de ley basado en una propuesta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para reemplazar el arraigo con otra variante de prisión previa a la consignación.
"Ni la propuesta para reducir el período de arraigo a un máximo de 40 días, ni la que pretende reemplazarlo con una modalidad de detención con control judicial (...) se adecúan a lo establecido en las normas internacionales de derechos humanos", sostuvo.
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