17 de febrero de 2013 / 08:48 p.m.

La diputada Lucila Garfias explicó que escucharán a la sociedad para buscar puntos de coincidencia y tener una reforma que verdaderamente contribuya a elevar la calidad de la educación.

 

México.- La coordinadora del Partido Nueva Alianza en San Lázaro, Lucila Garfias, convocó a los legisladores y a los actores políticos a no apresurar el proceso para concretar las reformas destinadas a constituir las leyes secundarias que reglamentarán la reforma educativa.

En entrevista, señaló que en esta segunda etapa de dicha reforma se deberá consultar a los maestros, a los alumnos, a los padres de familia, a las organizaciones civiles, a los legisladores y a los líderes de los ámbitos económico, social y político.

La diputada federal señaló que los legisladores de Nueva Alianza ya están casi listos, "hay que escuchar las diferentes voces y ver cuál es la visión de los demás, buscar puntos de coincidencia y tener una reforma que verdaderamente contribuya a elevar la calidad de la educación".

Expuso que ése es el objetivo y no se debe perder, "porque hoy pareciera que esta discusión va orientada únicamente a descalificar a los maestros y ya se perdió de vista si realmente va a servir para elevar la calidad de la educación".

Garfias Gutiérrez reiteró que los maestros no se oponen a que haya evaluación, pero exigen que esa evaluación sirva para ver dónde hay áreas de oportunidad y mejorar su situación.

Aseveró que el resultado del logro educativo no depende sólo del magisterio, por lo que se han preparado para proponer la visión de Nueva Alianza en relación a lo que puede ser Servicio Profesional Docente: la evaluación, la formación, el ingreso y la promoción; quiénes pueden ser directores, quiénes supervisores y qué perfiles se requieren para ello.

Sobre el tema de la permanencia, consideró que debe ser un proceso, y recordó que hay ordenamientos constitucionales y legales como el Artículo 123 en materia laboral, en sus dos apartados, el A y el B; la mayoría de los maestros con base pertenecen al B, son trabajadores del Estado, y sólo algunos están en el apartado A.

Debido a ello los derechos de los trabajadores están garantizados y por eso en este momento no los pueden despedir de sus plazas, aseguró.

Agregó que si se hace una evaluación que arroje deficiencias en los docentes, el Estado debe capacitarlos, por lo que es necesario que se tenga claro cómo se pretende hacer la evaluación.

Explicó que debe considerarse también que las reformas secundarias serán a la Ley General de Educación, a la Ley General de Salud y demás ordenamientos, como las dos leyes que deberán expedirse en el caso del instituto de Evaluación y en el del Servicio Profesional Docente.La diputada mexiquense, con 40 años de experiencia como maestra, insistió en la importancia del punto de vista de todos, para que la reforma educativa realmente cumpla con el objetivo de elevar la calidad educativa.

Explicó que de acuerdo con los tiempos que marca la reforma constitucional sobre las leyes reglamentarias, se deberá aprobar en no más de seis meses, en cuanto el Ejecutivo federal la promulgue y la publique en el Diario Oficial de la Federación."El plazo son seis meses una vez que se publica, entonces urge hacer los foros, de tal manera que recojamos opiniones y las podamos plasmar en las iniciativas y en las reformas que vienen", advirtió.

Añadió que es preciso que se conozcan las condiciones en que llegan los niños a las escuelas, su situación psicológica, socioeconómica, el entorno familiar y de salud.Asimismo, deberá conocerse el ámbito del educador, es decir, a los maestros; cómo se les está formando, si hay un programa permanente de actualización, el tema de la evaluación, qué vas a evaluar y para qué vas a evaluar.

En las reformas secundarias se debe tener toda la información de todos los aspectos señalados y el tema del presupuesto, es decir, los recursos que hay para echar a andar una reforma de este calado.

Además, la diputada federal destacó que en la reforma educativa se habla de escuelas de tiempo completo, y en las leyes reglamentarias se tiene que definir cómo se quieren esas escuelas y para qué son.

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