10 de julio de 2013 / 02:36 p.m.

Ciudad de México• Pasadas las elecciones, el PRI buscará que la PGR investigue y enjuicie a funcionarios involucrados en las desapariciones forzadas ocurridas en la administración del ex presidente Felipe Calderón.

Además, hoy pedirá al procurador Jesús Murillo Karam que, además, abra otra investigación contra los ex funcionarios que habrían manipulado la información de testigos protegidos en los sexenios panistas para inculpar a inocentes, como los generales Tomás Ángeles y otros militares, con fines políticos.

A decir del PRI, en los sexenios panistas de Vicente Fox, y particularmente en el de Calderón, la figura de los testigos protegidos se usó de manera irresponsable.

“El caso del General Tomás Ángeles Dauahare, aprehendido en mayo de 2012 acusado de mantener vínculos con el crimen organizado y posteriormente su liberación por falta de pruebas, muestra que la Procuraduría General de la República y la extinta Secretaría de Seguridad Pública manipularon políticamente su detención”.

En el caso de los testigos protegidos, el punto de acuerdo enlistado por los senadores del PRI, se plantea que la Comisión Permanente exhorte al procurador Murillo Karam a realizar un estudio de los beneficios o, en su caso, perjuicios que se han obtenido por la implementación de programas o acciones relativas a la figura de “Testigo Protegido”.

“Durante las administraciones de los presidentes Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa y envíe a la brevedad a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los resultados pormenorizados de la investigación”.

Asimismo, los priistas piden que la Comisión Permanente exhorte a la PGR a que inicie investigaciones en contra de los servidores públicos que, en su caso, hayan utilizado dolosa o imprudencialmente información de testigos protegidos para inculpar a personas inocentes.

Por lo que toca a las desapariciones forzadas, el punto de acuerdo del PRI plantea que se exhorte al titular de la PGR a realizar las investigaciones pertinentes a fin de acreditar, y en su caso, iniciar el juicio correspondiente contra los servidores públicos responsables que dejaron impunes y obviaron las denuncias de desaparición de personas en el sexenio anterior.

ANGÉLICA MERCADO