7 de febrero de 2013 / 06:05 p.m.

Ciudad de México • Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Minero, llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a que, así como se comprometió a esclarecer la tragedia de la torre B-2 de Pemex, resuelva también la tragedia de Pasta de Conchos.Recordó que el 19 de febrero de 2006, en el gobierno de Vicente Fox, ocurrió el siniestro en la mina 8 de Pasta de Conchos, Coahuila, donde perdieron la vida 65 trabajadores y hasta la fecha no hay responsables, tampoco se da "alivio a las familias" de los mineros atrapados.

“El gobierno actual en pleno, a diferencia de sus antecesores, se haya presentado el jueves 31 de enero en el lugar de la tragedia de la Torre B-2 de Pemex para mostrar su respeto y solidaridad a los trabajadores fallecidos y heridos, así como a sus familiares”.

"Pero sigue estando pendiente que se resuelva la tragedia de Pasta de Conchos, se lleve alivio y se haga justicia a las viudas e hijos que perdieron a algún miembro de su familia en ese homicidio industrial. Atender esta demanda sería un dato certero de que no va a continuar la misma línea antisindical y antiobrera de los panistas, que sembraron la inseguridad en este sector tan importante para la economía y el desarrollo industrial de México".

Para Gómez Urrutia es fundamental que se esclarezca ambos acontecimientos, sobre todo a la luz de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del pasado miércoles 30 de enero, de revocar el amparo que protegía los derechos de 16 mil 599 miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Es "un mal augurio" porque abre la puerta a atacar los derecho contractuales de los trabajadores, aseguró Gómez Urrutia.

"La SCJN es la que, primero que ninguna otra instancia jurídica, debía ser muy celosa en el cumplimiento de los derechos humanos y esa decisión sienta un mal precedente de que en México ni siquiera la Suprema Corte de Justicia es capaz de garantizar la vigencia y el equilibrio en la aplicación del estado de derecho, por argumentaciones técnicas que no tienen nada que ver ni con la justicia ni con la legalidad", de acuerdo con Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Minero.

Para el dirigente, que se encuentra en Vancouver, Canadá Implica que el sistema jurídico no rige el cumplimiento de la ley para los empleadores y los ricos, incluido el gobierno, lo cual se proyecta sobre la sociedad entera, al atropellarse la legalidad y donde la impunidad se ha convertido en obstáculo casi infranqueable en el camino de aplicar ley y justicia, las cuales siempre deberían abordarse de buena fe.

"Significa que en nuestro país, a una decisión caprichosa de un gobernante negligente como fue Felipe Calderón, y su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, se les puede permitir que más de 44 mil trabajadores perdieran su empleo y que este hecho, en vez de ser castigado, sea avalado por el máximo tribunal de justicia", dijo.

Ahora en el escenario electricista, la impunidad, dijo, para actos irresponsables de un gobierno panista, que al igual que el anterior de Vicente Fox, se lanzó a negar el respeto que les debía a los trabajadores y a sus organizaciones autónomas y democráticas.

"Sucedió con los propios electricistas, los pilotos, los maestros, los campesinos y la de los mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de México, los cuales enfrentan desde hace casi 7 años una persecución política del poder público y de algunas empresas".

BLANCA VALADEZ