NOTIMEX
18 de mayo de 2013 / 07:46 p.m.

Ciudad de México • El gobierno federal debe solicitar de manera formal a las autoridades de Estados Unidos establecer una política de control de exportación de armas, y con ello impedir operaciones encubiertas o abiertas que armen a la delincuencia organizada en el país, señaló la senadora Dolores Padierna Luna.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe ampliar sus esfuerzos con la comunidad internacional, a efecto de que en el marco de sus respectivas normas constitucionales, el Tratado de Comercio de Armas sea ratificado a la brevedad posible.

Planteó que la Comisión Permanente reconozca la celebración del Tratado de Comercio de Armas aprobado por la Asamblea General de la ONU.

Ello, subrayó, a fin de que la posición mexicana vaya en el sentido de que "como nación comprometida con el derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y país afectado por el tráfico ilícito de armas, considera de suma importancia el establecimiento de regulación internacional para el comercio de armas".

Refirió que en México existen 15.5 millones de armas de fuego de procedencia ilegal en manos de particulares, sobretodo en la zona norte, de acuerdo con el análisis de la Organización Internacional Small Arms Survey, Research Notes (SAS) difundido en marzo pasado.

Dicha organización ubicó al país en el lugar 42 de una lista de 170 naciones investigadas por el número de armas de fuego en poder de civiles, superando a naciones en las que ha habido recientes guerras internas o en los que han sido recurrentes los conflictos bélicos en los últimos 50 años.

"México ha sido víctima de acciones encubiertas, de envío de armas de las cuales la más conocida por su difusión y efectos legales en Estados Unidos es Rápido y Furioso", por medio de la cual se introdujeron de manera ilegal al país mil 400 armas, "que fueron a parar a manos de los cárteles de la droga.

Ante ello, Padierna Luna lamentó que las autoridades mexicanas no hayan dado a conocer si realizaron alguna investigación al respecto y siempre sostuvieron que el gobierno de Estados Unidos nunca informó de esta operación encubierta a las autoridades mexicanas.

Mencionó que cada país queda en libertad de suscribir o no el Tratado y ratificarlo. Además, abundó, de que no regula el uso interno de las armas en ninguno de los países firmantes, pero obliga a las naciones a establecer normativas que controlen las transferencias.