4 de junio de 2013 / 08:43 p.m.

 Amnistía Internacional consideró que poner fin a la crisis de las desapariciones es uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos que tiene el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Al presentar su informe “Enfrentarse a una pesadilla. La Desaparición de Personas en México”, la organización destacó que las desapariciones en el país se han convertido en un fenómeno común, porque las autoridades federales y estatales las han tolerado y se han negado a erradicarlas.

En su informe, Amnistía Internacional documentó 152 casos de personas que fueron presuntamente privadas de libertad por bandas delictivas o detenidas por funcionarios públicos en los últimos seis años y cuyo paradero continua sin conocerse.

De estos 152 casos, la organización considera que hay indicios concluyentes para suponer la participación directa o indirecta de funcionarios públicos al menos en 85 casos, que constituyen desapariciones forzadas en virtud del derecho internacional.

El gobierno federal ha reconocido que hay al menos a 26 mil personas registradas como desaparecidas o no localizadas en los últimos seis años. La semana pasada, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sugirió que la cifra era mucho menor, pese a la falta de investigaciones exhaustivas.

""Incluso aunque se emprendan investigaciones exhaustivas que concluyan que no todas las denuncias de desapariciones tienen que ver con secuestros cometidos por delincuentes y funcionarios públicos, no se puede seguir haciendo caso omiso de esta terrible realidad"", afirmó Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México.

""Estas cifras ponen de manifiesto uno de los principales desafíos de derechos humanos a los que se enfrenta el gobierno de Enrique Peña Nieto: poner fin a la crisis de las desapariciones, localizar a las víctimas y hacer rendir cuentas a los responsables, con independencia de que sean delincuentes o funcionarios públicos"", dijo.

Aunque la organización reconoció los "importantes" pasos del gobierno mexicano, como reconocer en parte la magnitud de las desapariciones que tienen lugar en el país, señaló que la administración del presidente Peña Nieto todavía no ha admitido la implicación de agentes federales, estatales y municipales en muchos de los casos.

Consideró que la participación de agentes del Estado en tales casos convierte las desapariciones en desapariciones forzadas, que son una violación del derecho internacional.

El documento también da cuenta de la lucha de los familiares para obtener verdad, justicia y reparaciones ante la pasividad del Estado, que ha permitido que prospere un clima de impunidad y sigue exponiendo a las personas a que sean víctimas de desaparición.

Destaca que por la impunidad, se ha amenazado, estigmatizado y maltratado a familiares desesperados por encontrar a sus seres queridos.

Ante la inercia oficial, señala AI, los familiares han tenido que llevar a cabo sus propias investigaciones, a menudo corriendo un gran riesgo personal.

El hecho de que por norma no se investiguen de forma efectiva las denuncias de desapariciones también contraviene el derecho internacional y frustra las oportunidades de localizar a las personas desaparecidas, destaca la organización.

Considera que la negligencia de las autoridades ha disfrazado convenientemente el verdadero número de casos, incluidos los casos en que hay autoridades implicadas.

""Los pasos que ha dado hasta ahora el gobierno –como publicar datos sobre desapariciones, reunirse con algunos familiares y prometer la creación de una unidad especial destinada a buscar a los desaparecidos– son bienvenidas pero insuficientes"", declaró Rupert Knox.

Reconoció que el nombramiento de 12 investigadores para la nueva unidad especial de búsquedas, que se encargará de miles de casos, ""no es una señal convincente del elevado grado de compromiso, recursos y voluntad política necesarios para abordar esta crisis nacional""

Es importante, destacó Knox, que el gobierno se enfrente a ""esta pesadilla contando con la participación de víctimas y grupos de derechos humanos en la elaboración y aplicación de políticas públicas, que las autoridades federales y estatales deben hacer cumplir para garantizar una respuesta efectiva a esta crisis"".

— EUGENIA JIMÉNEZ