25 de julio de 2013 / 01:16 p.m.

México• En el Senado, la bancada del PRD y los panistas afines a Ernesto Cardero formalizaron ayer su iniciativa de reforma política-electoral, que prevé la intervención subsidiaria de la Federación en situaciones de grave alteración social para asumir poderes o funciones temporales en los estados cuando exista debilidad institucional, haya amenazas o riesgos a la seguridad.

Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado, expresó que en términos generales ve bien la iniciativa, por lo que su grupo parlamentaria la analizará.

La propuesta —perfilada desde hace dos meses por el entonces coordinador panista, Ernesto Cordero, y el líder perredista Miguel Barbosa para modificar el régimen presidencial y las reglas electorales— se formalizó ayer por el panista Fernando Herrera y el perredista Alejandro Encinas ante la Comisión Permanente como iniciativa y con cambios de última hora.

Aunque inicialmente la segunda vuelta se propuso solo para el caso de la elección presidencial, el proyecto turnado a comisiones contempla también a los gobernadores, jefe de gobierno y alcaldes. Asimismo, la organización de esta segunda ronda ya no quedaría en manos del IFE, sino del Tribunal Electoral.

Contempla modificaciones constitucionales y legales con figuras nuevas, como los gobiernos de coalición con un jefe de gabinete, la reelección legislativa y de alcaldes, eliminación del fuero para todo servidor público, la moción de censura para remover integrantes del gabinete, la autonomía de la Procuraduría General de la República y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre otras.

Asimismo, modifica las reglas electorales para endurecer sanciones a quienes violen las normas y particularmente introduce un nuevo capítulo de fiscalización a partidos, inclusive durante las campañas.

No contempla la transformación del IFE en un Instituto Nacional de Elecciones, sino que propone darle facultades al Senado para que éste pueda desaparecer los órganos electorales locales cuando se acredita su parcialidad.

Introduce un mecanismo intermedio para que la Federación intervenga en forma expedita y subsidiaria en cualquiera de las 32 entidades en situaciones de crisis, riesgo y estabilidad política, con el aval del Senado.

Aunque mantiene como facultad exclusiva del Senado la desaparición de poderes, proponen que esta cámara pueda:

“Declarar, en caso de grave alteración social, debilidad institucional, amenazas o riesgos a la seguridad o a la gobernabilidad democrática, así como de incapacidad manifiesta de los órdenes de gobierno locales para mantener la estabilidad política o social, que la Federación asuma de manera directa, temporal y subsidiaria el ejercicio de cualquier función que corresponda al orden local de gobierno, o bien, que han desaparecido los poderes u órganos constitucionales de un Estado y, por tanto, que es llegado el caso de nombrarle un gobierno provisional”.

Plantea que dicho gobierno provisional se encargará de atender la situación que provocó la declaratoria respectiva, así como de convocar a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado.

Consultados al respecto, los senadores Ernesto Cordero y Roberto Gil explicaron que si bien se mantiene la facultad del Senado de desaparecer poderes, esa es una medida drástica que nadie se atreve a tomar.

Por ello se propone esta fórmula intermedia o “atenuada”, que permitiría a la Federación intervenir en situaciones como la que atraviesa Michoacán.

Gil detalló que esta intervención sería solo temporal y subsidiaria. “Una vez restablecidas las condiciones de normalidad, la Federación regresa la atribución a las autoridades políticas competentes”.

En tribuna, Encinas expresó que las elecciones del pasado 7 de julio estuvieron marcadas por la violencia, el fracaso del adéndum al Pacto por México y la injerencia impune de gobernadores.

Aseveró que el país no se puede conformar ya con “reformas chiquitas”, por ello este proyecto pretende establecer reglas claras y definitivas para transitar hacia un sistema democrático.

“Se trata de concretar la aspiración de un gobierno representativo que limite el ejercicio de poder público y ensanche los derechos y garantías de los ciudadanos”, puntualizó.

ANGÉLICA MERCADO