12 de febrero de 2013 / 10:21 p.m.

Ciudad de México • La bancada priista en el Senado presentó su iniciativa para regular y topar las deudas de estados y municipios, al aclarar que las entidades y alcaldías que hoy en día tengan problemas no recibirían los beneficios en forma plena, entre ellos Coahuila y Nuevo León o Acapulco, Benito Juárez y Puerto Peñasco por mencionar algunos.

En conferencia, los senadores Manuel Cavazos, José Yunes, Blanca Alcalá y el ecologista Luis Armando Melgar detallaron el contenido y refirieron que esta reforma no contempla una regulación federal, sino que los gobiernos estatales mantengan ese control, porque “no se debe hostigar la Constitución”.

La iniciativa incluye la figura de “Deuda Estatal Garantizada” por la que la federación se convertiría en aval para la contratación más barata de créditos.

Se limita a 75% las partidas federales que se darán de garantía y se prevé que la deuda total de los estados y municipios no podrá rebasar el 3% del Producto Interno Bruto.

La contratación será sólo para inversión, refinanciamiento, reestructura o casos de emergencia y serán los gobiernos locales los que determinen el uso de recursos presupuestados.

También se establece que la deuda que se contrate deberá contar con el aval de los congresos locales; no será para gasto corriente y habrá un registro ante la Secretaría de Hacienda, que llevará un control para informar al Congreso de la Unión en forma trimestral.

Cavazos Lerma dijo que con este tipo de regulación, cinco entidades no podrían beneficiarse con el 75% por el grado de endeudamiento que tienen, como son Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Nayarit y Chihuahua.

A su vez, el senador Yunes dijo que hay cuando menos 20 municipios detectados que entrarían también en esa situación, de recibir solamente un aval del 25%.

Respecto al planteamiento priista, de que el Congreso de la Unión no tenga facultades para vigilar los topes, Cavazos Lerma señaló que el Senado solo sentaría las bases para la regulación, pero no para imponer nada a los estados.

“Se respeta su soberanía, se establecen bases de coordinación a través de este Convenio de Deuda Estatal Garantizada (DEG) que repito, en sí, ya lleva un incentivo, de dar las condiciones favorables para que se sumen a esta estrategia de saneamiento y salud financiera”.

La iniciativa del PRI sí prevé “casos excepcionales” para contratar deuda en estados y municipios para “mejoras administrativas” que generen un incremento de ingresos locales o reduzcan los gastos en el futuro por un monto mayor al del gasto inicial.

Asimismo, en la Ley General de Deuda Pública se contempla un capítulo de sanciones de carácter político, administrativas, civiles y penales, que incluyen que los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimable en dinero a las haciendas locales, se harán responsables del pago de la indemnización correspondiente. También serán responsables solidarios quienes hayan participado u originen una responsabilidad.

La iniciativa reforma los artículos 73 y 117 constitucionales, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Deuda Pública y crea la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.

En los considerandos se subraya que la intención es que estados y municipios se rijan por los mismos principios generales en el manejo de sus finanzas públicas, toda vez que de 2008 al 2010 toda vez que el gasto corriente se ha disparado en 17% y el gasto total de las entidades se elevó en 17.7% acumulado, según la Secretaría de Hacienda.

A diferencia de la propuesta de la oposición, que da facultades al Senado de control en las deudas, la del PRI faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia de deuda pública y transparencia-

Pero “la regulación detallada de las materias presupuestarias, de deuda y transparencia, se dejarán a nivel local, por medio de la regulación que emitan las legislaturas locales; sin embargo, en todo momento deberán ajustarse al marco de los principios establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Los Municipios”.

Por lo que toca a la Deuda Estatal Garantizada, se propone facultar al gobierno federal a respaldar el endeudamiento de dichos órdenes de gobierno que se contrate bajo esa modalidad, lo que llevaría a obtener mejores condiciones de financiamiento y garantizar que las haciendas locales utilicen el financiamiento de manera prudente y en un marco de disciplina financiera.

Ello, afirma el PRI, permitiría reducir sensiblemente los costos del financiamiento, una vez que los estados firmen ese convenio con la Secretaría de Hacienda. Mientras que los municipios tendrían que firmarlo con sus gobiernos locales.

La iniciativa del PRI prevé que en el caso de Deuda Estatal Garantizada, el gobierno federal garantizará al 100%, siempre y cuando en el primer año de vigencia del respectivo convenio, éste sea hasta por un monto equivalente al 25% de los ingresos disponibles de la entidad o municipios correspondiente.

En el segundo año de vigencia, hasta por un monto equivalente al 50% de los ingresos disponibles

A partir del tercer año de vigencia, el gobierno federal podrá garantizar hasta el 75% de los ingresos disponibles de la entidad de que se trate.

ANGÉLICA MERCADO Y OMAR BRITO