17 de marzo de 2014 / 08:24 p.m.

ASUNCION, Paraguay.- El gobierno de Paraguay anunció el lunes que el aeropuerto internacional de Asunción, inaugurado en 1980, es una de las prioridades para el plan de privatización de acuerdo con la ley de concesiones que busca generar puestos de trabajo para combatir la pobreza.

El ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez dijo en conferencia de prensa que la ley denominada "Alianza público-privada" fue promulgada por el presidente Horacio Cartes pero aún falta su reglamentación necesaria para el llamado a licitaciones.

La explotación comercial de los recursos estatales es una de las promesas electorales de Cartes para recaudar unos 30 mil millones de dólares necesarios para modernizar el Estado y luchar contra la pobreza de 38 por ciento sobre una población de 6.2 millones de personas.

La ley establece un aporte del Estado al capital operativo de hasta un 10 por ciento mientras que el resto correrá por cuenta de la empresa privada adjudicada.

No se dieron a conocer, por el momento, los nombres de las compañías internacionales interesadas en participar de las licitaciones.

Rubén Aguilar, administrador del aeropuerto de Asunción, dijo en entrevista con The Associated Press que al pasar al sector privado el manejo aeroportuario "seguramente mejorará la infraestructura para cargas y pasajeros".

El aeropuerto es pequeño pero funciona las 24 horas con todos los servicios de bar, comunicaciones y transporte, con un plantel de dos mil personas en cargos rotativos, tanto para Asunción como para otros diez aeródromos del interior.

Actualmente son ocho las compañías aéreas comerciales autorizadas a operar American Airlines, Aerolíneas Argentinas, Buquebus, Tam Mercosur, Taca, Copa, Gol y Amazonas.

La seis centrales obreras, por su lado, confirmaron una huelga general para el 26 de marzo en rechazo al plan de privatización de Cartes, el ajuste de un 10 por ciento para el salario mínimo (unos 360 dólares mensuales) para trabajadores del sector privado y la inexistencia de planes concretos para la reforma agraria y la creación de empleos.

El analista político Ignacio Martínez, en entrevista con la AP, advirtió que "las centrales obreras, los partidos de oposición y la ciudadanía en general deberían manifestarse pidiendo al gobierno que la reglamentación de la ley público-privada tenga un blindaje contra el nepotismo y pago de favores políticos".

Aclaró que en Paraguay "es una costumbre muy fea y mala que los funcionarios en el poder favorezcan la contratación de sus parientes y es una experiencia reincidente que los gobernantes tengan empresas privadas que, al final, son beneficiadas con los contratos millonarios de obras públicas".

AP