11 de abril de 2013 / 11:18 p.m.

En conferencia de prensa, abogados y las 13 personas que continúan en proceso por los disturbios, exigieron que el MP se desista de los señalamientos en su contra por el delito de ataques a la paz pública.

 Ciudad de México • Las 13 personas que todavía siguen proceso por los disturbios del 1 de diciembre denunciarán penalmente a los entonces titulares de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida y Luis Rosales Gamboa, respectivamente, así como a otros funcionarios capitalinos, quienes los acusaron de estos hechos.

Además de esta denuncia penal, los procesados pedirán que se inicie un juicio político contra estos servidores públicos para que no ocupen un cargo dentro de la administración, ya sea local o federal.

En conferencia, abogados, los propios procesados y familiares, también exigieron que el Ministerio Público se desista de los señalamientos en su contra por el delito de ataques a la paz pública, y, en su caso, que la juez 47 penal, María del Carmen Mora Brito, ya no esté al frente del asunto.

"Con la información documentada por la CDHDF estaremos presentando las denuncias penales en contra del ahora secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida por su actuación como Procurador el día de los hechos, al actual subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rosales, al ex subsecretario de operación policial Darío Cachón, y al titular de la Agencia 50 de la PGJDF en ese momento, entre otras denuncias más", explicó el abogado, Armando Barrera.

"En particular se presentará en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra del ex procurador Jesús Rodríguez Almeida para que sea inhabilitado en el ejercicio de cualquier cargo público, por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas cuando fue Procurador del DF", subrayó el también abogado David Peña de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

Por su parte, los procesados exhortaron a las distintas instancias del Gobierno del Distrito Federal aceptar los puntos recomendatorios de la Comisión de Derechos Humanos del DF por los hechos ocurridos el pasado 1 de diciembre durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República.

"Desde el mismo 1 de diciembre dijimos que éramos inocentes, que no tuvimos nada que ver con los hechos de violencia y que nuestra detención era arbitraria, que nos habían golpeado y vejado, y el gobierno no nos creyó", enfatizó Alejandro Lugo.

"Al aceptar esta recomendación, las autoridades mandarían un mensaje de un gobierno responsable y no sólo de un gobierno que conduce esta ciudad por valoraciones de imagen y de presión mediática, que fabrica culpables y que viola los derechos humanos sin consecuencia alguna", dijo Enrique Rosales.

JOSÉ ANTONIO BELMONT