4 de septiembre de 2013 / 10:01 p.m.

Ciudad de México • Un grupo de 23 organizaciones entregó a la embajada de Rusia en México una carta dirigida al G-20, donde participa el presidente Enrique Peña Nieto, para denunciar que durante su mandato se pretende aprobar reformas para enriquecer corporaciones trasnacionales con la entrega de recursos petroleros, además de que han lesionado al magisterio.

"En materia energética, se trata simplemente de apropiarse del extraordinario negocio petrolero, dándole un agregado de certidumbre al negocio privado de las grandes petroleras transnacionales", de acuerdo con la carta.

"Pemex es una empresa orgullosamente nacional y altamente productiva, que solo durante 2012 tuvo ingresos superiores a 100 mil millones dólares, cerca de 70 por ciento de los cuales fue requisado por el gobierno federal mediante el pago de impuestos y derechos (las 400 empresas privadas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores pagan al fisco por concepto de Impuesto Sobre la Renta 1.7 por ciento de sus ingresos gravables), al grado de que ¡40 centavos de cada peso de su presupuesto proviene de Pemex!".

La carta expone que la "propuesta privatizadora de la renta petrolera emprendida por el gobierno (decidida por cierto en los espacios cerrados del poder, sin consulta alguna a la sociedad) es histórica y económicamente inadmisible, ya que representa una regresión cuya única finalidad es enajenar un bien nacional en beneficio de intereses particulares, nacionales y extranjeros".

Se indica que se atenta contra las riquezas de los pueblos y de los bienes comunes construidos por la humanidad a lo largo de siglos de lucha, y en México se ha empobreciendo a millones de personas y ahora con nuevas medidas se pretende afectar más a la nación.

"En México, más de 30 años de neoliberalismo propició el enriquecimiento insultante de un puñado de potentados que, al amparo de las políticas aplicadas, se constituyó en un poder oligárquico que decide en su beneficio el rumbo de la nación, mientras que hunde en la miseria y desesperación a la inmensa mayoría de mexicanos sin otorgarle ningún beneficio, al contrario, esquilmándole todo lo que posee".

"Para el pueblo mexicano las políticas públicas diseñadas e impuestas por organismos internacionales coordinados por el G20 (como la OCDE, el FMI, el BM y otros) socavan soberanías y derechos, empobrecen al extremo las condiciones de vida y matan a la madre tierra. Instrumentadas autoritariamente por los gobiernos serviles de los últimos seis lustros, han sumido en el abismo de la pobreza y la incertidumbre a 70 millones de mexicanos. Tal es el saldo real de la prosperidad prometida por la dictadura del dinero".

Se establece en la carta que no existe razón ni argumento que justifique, con "banales promesas de un mejor futuro, encubiertas con tecnicismos lingüísticos inventados, las políticas de rapiña, depredación y entreguismo de los bienes naturales y sociales conquistados en epopeyas históricas por el pueblo mexicano, que los grandes intereses económicos pretenden imponer ahora a las industrias petrolera y eléctrica nacionales".

Además, aseguran, está el despojo, apropiación ilegal y depredación de las tierras, territorios y recursos naturales (aguas, bosques, minerales) de nuestros pueblos por parte de grandes empresas nacionales y trasnacionales, avaladas y cobijadas por las políticas de los gobiernos, orientadas y acordadas igualmente en el seno del G20, para desarrollar lo que llamamos “proyectos de muerte” en contra de la vida y el buen vivir de nuestros pueblos.

Y a lo anterior, de acuerdo con la carta, se debe de añadir "la ofensiva en contra de la educación pública, laica y gratuita, así como las reformas de carácter regresivo en materia laboral, penal, fiscal y en telecomunicaciones".

Por todo anterior, las organizaciones sociales e instituciones civiles y académicas que suscribimos la presente carta, expusieron que repudian la iniciativa de modificaciones constitucionales anunciadas en junio pasado en la Cumbre del G8 por Enrique Peña Nieto, y ratifican su compromiso con la defensa de los intereses nacionales y populares, y por un cambio de las políticas públicas internacionales que ponga fin al oprobio neoliberal.

Firman la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos; Asamblea General de Trabajadores; Bia´lii, Asesoría e Investigación; Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento; Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas; Centro de Reflexión y Acción Laboral- proyecto obrero de Fomento Cultural y Educativo; Centro de Promoción y Educación Profesional Vasco de Quiroga; Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, y Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota.

De igual forma lo hacen la Coordinación Nacional de Unidades Habitacionales – UPREZ; Fronteras Comunes; Jóvenes frente al G20; Movimiento Agrario Indígena Zapatista; Movimiento Comunista Mexicano; Movimiento Migrante Mesoameriano; Movimiento de Mujeres de Izquierda ante la Emergencia Nacional; Mujeres para el diálogo; Pro San Luis Ecológico; Red Nacional Género y Economía; Siembra; Sindicato Mexicana de Electricistas; Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros y Unión Popular Valle Gómez.

BLANCA VALADEZ