2 de agosto de 2013 / 01:24 p.m.

México• Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se manifestó contra el establecimiento de controles de confianza para el personal del Poder Judicial de la Federación (PJF), como han sugerido integrantes de otros poderes del Estado.

Indicó que los aspirantes a ocupar un cargo en el PJF no deben ser tratados con sospecha, y quienes ya ostentan esta titularidad deben recibir el mismo trato constitucional que los titulares de los otros poderes.

Al dar comienzo al segundo periodo de sesiones de la SCJN, Silva Meza dijo:

“Hacemos un llamado respetuoso a los otros poderes para reflexionar la conveniencia constitucional de establecer lo que se ha identificado como controles de confianza para el ingreso, promoción y permanencia de los juzgadores de la Federación, esto es, de los titulares del ejercicio del Poder Judicial de la Federación.

“Quienes aspiran a la titularidad del Poder Judicial de la Federación no deben ser tratados con sospecha, y quienes ya ostentan esta titularidad deben recibir el mismo trato constitucional que los titulares de los otros poderes. Siempre defenderemos la dignidad de los juzgadores de la Federación, pero también siempre de cara a la sociedad rendiremos cuentas, de acuerdo al estatuto constitucional y legal que nos corresponde”, expuso.

La propuesta panista

Esta es la primera vez que el presidente de la SCJN se pronuncia sobre el tema, luego de que en octubre de 2012 la fracción del PAN en el Senado puso el tema sobre la mesa.

Los panistas Francisco Cabeza de Vaca, Víctor Hermosillo, Luis Fernando Salazar, Fernando Yunes y Fernando Herrera propusieron reformar la Ley Orgánica del PJF para que los juzgadores sean sometidos a los mismos controles que deben aprobar los agentes del Ministerio Público Federal e integrantes de las policías Federal y Federal Ministerial.

Los exámenes de control y confianza que se aplican tienen que ver con pruebas médicas, toxicológicas, psicométrica, socioeconómica y de polígrafo.

La reforma que proponen menciona que “para el ingreso promoción y permanencia de los servidores públicos del sistema de carrera judicial requerirán acreditar los exámenes y evaluaciones de control de confianza que al efecto se establezcan, los cuales serán permanentes, periódicos y obligatorios”.

El Senado tiene listo el dictamen que será llevado al pleno en septiembre próximo, toda vez que la Comisión de Justicia ya lo aprobó.

Sin embargo, hay otra corriente, encabezada por el senador del PRI Omar Fayad, que ha dicho que deben modificarse los exámenes de control de confianza que se practica al personal de la PGR y policías porque no está funcionando, ya que pruebas como el polígrafo no son suficientes. Lo que se necesita, ha mencionado, es evitar el enriquecimiento ilícito.

El PJF cuenta con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano encargado de vigilar el desempeño de los juzgadores e integrantes de ese poder, el cual siempre ha tenido autonomía propia.

A nivel interno también cuenta con varios filtros, entre ellos las Comisiones de Vigilancia y Disciplina, que atienden las quejas contra los jueces y magistrados.

Ocupar vacante

Silva Meza también hizo un llamado al Senado para concluir el proceso de designación de quien deberá integrar el Consejo de la Judicatura Federal, que desde el año pasado no está debidamente integrado, tras la vacante que dejó el consejero Jorge Moreno Collado.

Los consejeros también representan otro filtro en el PJF, pues son los que investigan irregularidades denunciadas por externos o por el mismo personal de ese poder.

En su discurso, el presidente de la Corte consideró indispensable que las autoridades responsables de reparar las violaciones a los derechos de las personas mediante el juicio de amparo cumplan las resoluciones emitidas por los juzgadores de la Federación.

Convocó a los ciudadanos para que hagan valer sus derechos y las defensas que la ley fundamental prevé para reparar las eventuales violaciones a los mismos.

IFAI revoca reserva de gobernación

La Secretaría de Gobernación (Segob) deberá informar cuáles y cuántas de sus sedes le presta servicios a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, así como el número de elementos que portan armas y las áreas de la dependencia estatal a las que están adscritos.

Así lo instruyó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), luego de que un particular solicitó esos datos y pidió conocer los documentos que exponen el motivo por el que no renovó el contrato con la Policía Auxiliar del DF.

En su respuesta inicial, la Segob indicó que la información respecto a la SSC estaba reservada por 12 años, con fundamento en la Ley Federal de Transparencia. Y sobre el contrato con la policía auxiliar, se limitó a señalar que los precios ofrecidos por la SSC eran más bajos.

Inconforme con la respuesta, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el IFAI, que fue turnado a la comisionada Jacqueline Peschard, quien al analizar el caso propuso revocar la reserva de la información e instruir a la Segob a que proporcione la información al particular. La propuesta fue aprobada por el pleno del IFAI.

RUBÉN MOSSO Y ANGÉLICA MERCADO, NORMA PONCE