17 de febrero de 2013 / 07:07 p.m.

Ciudad de México.- El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, reafirmó la disposición de su bancada al diálogo parlamentario y al encuentro con los actores relevantes del sector educativo para traducir la reciente reforma constitucional en modificaciones a la Ley General de Educación con el fin de elevar la calidad, cobertura y equidad del sistema educativo.

Ante los amagos de movilizaciones contra dicha reforma, el legislador sonorense advirtió que “"no será en las calles, sino en las instituciones de representación popular y con las autoridades educativas, donde se dirima con responsabilidad y transparencia el presente y futuro del sistema educativo nacional y el porvenir de nuestros niños, jóvenes y docentes"”.

Beltrones remarcó que el debate partirá del amplio consenso a favor de la reforma educativa para dar un paso decisivo en la transformación del sistema de gestión y evaluación, así como del potencial de crecimiento y empleo de nuestra economía.

En su comunicado de prensa, el líder parlamentario del PRI puntualizó que la educación no debe ser más la principal causa de reproducción de las desigualdades sociales y regionales, sino el instrumento para formar el capital humano con las capacidades, conocimientos y valores que permitan recuperar la competitividad y el crecimiento económico sostenido, así como asegurar las oportunidades de empleo y de calidad que exigen los mexicanos.

Agregó que la reforma del sistema educativo debe cambiar una realidad que actualmente excluye a casi 8 millones de jóvenes de la escuela y del mercado laboral, además de superar el rezago de una tercera parte de la población que no ha concluido la educación básica.

“"Es momento de aprovechar la voluntad política y el consenso social para adoptar normas y políticas públicas que respondan al interés general y afiancen la autoridad del Estado en la gestión y la gobernabilidad del sistema educativo"”, remarcó el diputado del Revolucionario Institucional.

Como ejemplo de ello citó la recién aprobada Ley de Amparo, que limita el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos de autoridad por causas de interés público.

FERNANDO DAMIÁN