AP
30 de agosto de 2016 / 11:08 a.m.

BRASILIA. — En el que podría ser su último día como presidenta de Brasil, Dilma Rousseff presentó una enérgica defensa de su trabajo al frente del país más poblado de América Latina, advirtió a los senadores de que impugnarla dañaría a una joven democracia y prometió desafiante que se irá peleando en lo que muchos ven como una batalla perdida.

Rousseff, que está suspendida desde mayo, ofreció un discurso de 30 minutos el lunes en su juicio político en el Senado y después se sentó para responder a preguntas de los senadores, que se prolongaron más de 14 horas hasta justo antes de la medianoche.

El Senado inició el martes una sesión durante la cual la acusación y la defensa presentarían sus alegatos finales, un proceso que podría tomar el día entero, y luego se pasaría a la votación final. Esta tendría lugar el mismo martes por la noche o el miércoles, según decida el juez de la suprema corte que preside el juicio.

El lunes, aunque algunos diálogos fueron acalorados, la sesión fue en su mayoría civilizada. Las preguntas abarcaron diversos temas que han afectado al país desde que el proceso de impugnación se inició a finales del año pasado en la cámara baja, polarizando al país.

Los senadores de oposición acusaron a Rousseff de saltarse las leyes de disciplina fiscal para ocultar agujeros en el presupuesto federal, afirmando que eso exacerbó una recesión que ha provocado una inflación del 10% y noticias diarias sobre despidos.

Rousseff rechazó de plano el argumento, afirmó que no había violado ninguna ley y señaló que presidentes anteriores emplearon técnicas contables similares. La mandataria dijo que se había visto obligada a tomar duras decisiones presupuestarias ante los menguantes ingresos y a la negativa de sus rivales en el Congreso a trabajar ocn ella.

En todo caso, añadió, el proceso de juicio político ha exacerbado la recesión en la economía más grande de Latinoamérica, y culpó de ello a la oposición, la cual ha argumentado que la mandataria debe ser destituida a fin de mejorar el ambiente financiero.

"Sé que seré juzgada, pero mi conciencia está limpia. No he cometido delito alguno", declaró Rousseff a los senadores que la escuchaban atentamente, en contraste con la estridencia habitual de esa cámara.

Luiz Inácio Lula da Silva, mentor y predecesor de Rousseff, quien también está siendo investigado y afrontará después este año un juicio por presunta obstrucción de la justicia en la pesquisa sobre Petrobras, observó la audiencia.

"Ella dijo lo que tenía que decir", afirmó.

Pero muchos políticos destacados, Silva incluido, han reconocido que las posibilidades de Rousseff de sobrevivir al voto final del Senado son escasas.

Para que Rousseff sea retirada definitivamente del cargo, cuando menos 54 de los 81 senadores tienen que votar a favor. Conteos efectuados por medios de comunicación locales encuentran que 52 senadores han dicho que planean votar para retirarla del puesto, mientras que 18 se oponen y 11 no han definido su posición al respecto. En mayo, la misma cámara votó 55-22 para suspenderla y hacerle un juicio político.

"Los necesito a todos, al margen de los partidos políticos" dijo Rouseff al final de su intervención ante los senadores, a los que instó a mantenerla en el puesto. Su respuesta fue tibia.

Rousseff había tenido antes duras palabras para su vicepresidente, Michel Temer, que asumió el cargo cuando ella fue apartada y terminará su legislatura si el Senado la impugna definitivamente.

Lo llamó "usurpador" y afirmó que los brasileños jamás habrían elegido a un hombre que nombró un gabinete exclusivamente de hombres blancos en un país en el que más de 50% de la población no es de esa raza. El gabinete instalado por Temer en mayo ha recibido fuertes críticas por su falta de diversidad, y tres de sus ministros tuvieron que renunciar menos de un mes después de haber asumido el puesto al ser acusados de corrupción.

"No estoy segura de cuándo, pero en algún momento empezó a cambiar", dijo Rousseff, que ha acusado varias veces a Temer de ser el ideólogo de su impugnación.

Temer, que no se mostró el lunes, emitió un comunicado describiendo como "mentiras" muchas de las acusaciones en su contra de los últimos meses. El presidente interino no subirá la edad de la jubilación de 70 a 75 años, no eliminará la baja por enfermedad pagada ni recortará las leyes laborales, afirmó el comunicado.

El ministro de Finanzas de Temer, Henrique Meirelles, dijo que su prioridad es recortar el gasto del gobierno y aprobar una reforma de las pensiones.

Pero el lunes, todo giraba en torno a Rousseff, que a menudo pareció presidir la sala, dominando la conversación mientras afirmaba que la democracia brasileña estaba en juego.

Rousseff es una ex guerrillera que fue encarcelada y torturada durante la dictadura del país, y que se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de Brasil, hizo una correlación entre su pasado y la situación actual.

"No puedo sino sentir la amargura de la injusticia", afirmó.

Rousseff recordó a los senadores que fue reelegida en 2014 por más de 54 millones de votantes, que según dijo no deben verse silenciados.

Rousseff dijo que había pagado el precio de rehusarse a suprimir una investigación policial sobre sobornos millonarios en la compañía petrolera estatal Petrobras, y dijo que legisladores corruptos se confabularon para destituirla y descarrillar dicha pesquisa.

Debido a la investigación han ido a parar a la cárcel prominentes empresarios y políticos, algunos de ellos del Partido de los Trabajadores, al que pertenece la mandataria. Sin embargo, el asunto no para ahí: grupos independientes calculan que 60% de los 594 legisladores en ambas cámaras son investigados por irregularidades y muchos por corrupción relacionada con la pesquisa en Petrobras.

Rousseff dijo que era una "ironía de la historia" que gente acusada de crímenes graves la juzgara por delitos que no cometió.

"Les pido que sean justos con una presidenta honesta", dijo con voz alterada por la emoción.