21 de noviembre de 2013 / 03:26 p.m.

La legisladora Mariana Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que la iniciativa de ley general de regulación de manifestaciones públicas presentada por senadores de diversas fracciones se distingue de otras "por ser producto de un consenso entre las distintas fuerzas políticas".

 

En conferencia de prensa conjunta con legisladores del PRI, PVEM y PRI, indicó que el proyecto busca armonizar los derechos de manifestación, asociación y libre tránsito.

 

Además, apuntó, de que es de alcance nacional y toma en cuenta experiencias de otros países como Reino Unido, España y Francia, entre otros, donde existe legislación en esta materia.

 

"Un ejemplo de esas acciones es la obligación de dar aviso previo a las autoridades con 72 horas de antelación para que se tomen medidas de seguridad, se alerte a la población y se diseñen alternativas viales que se hagan de conocimiento público", destacó.

 

Dijo que es una ley que cuida y amplía derechos, al retomar la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de una jurisprudencia en la que contempla que la regulación de derechos fundamentales no es una limitante a su ejercicio, lo que obliga a las autoridades a respetar los derechos de quienes se manifiestan.

 

Señaló que de aprobarse la iniciativa las autoridades estarían obligadas a que una vez que tengan conocimiento de que se efectuará una marcha se instalen mesas de negociación para dar una solución a los quejosos y se evite la afectación a terceros.

 

El aviso previo, subrayó, permitirá que se haga un registro puntual para saber quiénes son los organizadores y, en consecuencia, los responsables de lo que pudiera acontecer. También serán responsables las autoridades cuando hagan caso omiso de este aviso.

 

De igual forma, abundó, se establecen horarios para realizar manifestaciones que serían de entre las 11:00 horas y 18:00 horas.

 

Por tal razón la autoridad tendrá la facultad para modificar el recorrido por motivos de orden público y protección civil.

 

Asimismo "sólo se podrá usar el 50 por ciento de las vialidades, siempre del lado de la acera derecha, y cuando la vialidad lo permita los manifestantes deberán usar los carriles laterales".

 

Destacó que también se prohibirán los bloqueos a entradas y salidas a inmuebles públicos o privados, así como el uso de ropa de tipo militar o policiaco y que los quejosos se cubran la cara.

 

La iniciativa también establece sanciones como amonestaciones y multas que van de 11 a 150 días de salario mínimo, arresto y reparación del daño, dijo.

 

También "se determina que la autoridad federal podrá ejercer acción cuando las autoridades estatales, municipales o del Distrito Federal sean omisas".

 

Aunado a lo anterior, Mariana Gómez del Campo subrayó que "se crean dos capítulos específicos, uno sobre los derechos y obligaciones de los manifestantes, y otro sobre los derechos de terceros".

 

Además que se otorgan atribuciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a los organismos estatales para actuar a petición de parte o por oficio.

 

La iniciativa fue suscrita por los senadores Jesús Casillas, del PRI; Isidro Pedraza Chávez, del PRD; Pablo Escudero, del PVEM; y contó con el aval del grupo parlamentario del PAN, además estuvieron presentes representantes de diversas organizaciones empresariales y sindicales.

Notimex