26 de mayo de 2013 / 11:27 p.m.

Según los quejosos la organización gremial tiene diversos bienes embargables como son terrenos en Tepoztlán, Morelos; el Teatro 11 de Julio; el hotel Minero y la sede nacional del sindicato, entre otros.

Ciudad de México • Trabajadores y ex trabajadores que denunciaron el desvío de 55 millones de dólares propiedad de los miembros del sindicato minero solicitaron a las autoridades judiciales el embargo de los bienes de esa organización a fin de que se pueda garantizar el patrimonio de los agremiados que tienen derecho a ese fideicomiso.

Desde hace varios años, cientos de mineros mantienen una batalla legal contra el dirigente del gremio Napoleón Gómez Urrutia, en demanda de que 55 millones de dólares sean distribuidos entre los trabajadores a los que corresponde un fideicomiso.

Derivada de la defensa legal, cuya representación tiene el abogado Agustín Acosta Azcón, las autoridades han girado diversas órdenes de aprehensión contra el dirigente minero que se exilió en Vancouver, Canadá, que hasta el momento todavía tiene una de estas solicitudes judiciales vigente.

Los trabajadores que denunciaron el fraude demandaron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) el embargo precautorio de los bienes del sindicato, en los cuales exigen se tome en cuenta el monto de los intereses que se hubieran generado por espacio de 9 años.Según los quejosos, la organización gremial tiene diversos bienes embargables como son terrenos en Tepoztlán, Morelos; el Teatro 11 de Julio; el hotel Minero; la sede nacional del Sindicato Minero; otras instalaciones ubicadas en el Estado de México; las oficinas de las 70 Secciones y 13 Fracciones en el interior del país y las cuentas bancarias.

“La resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) del pasado 13 de febrero es congruente con la Resolución del Sexto Tribunal Unitario Penal del Primer Circuito que obsequió orden de aprehensión y fue considerada cumplida por el Primer Tribunal Unitario Penal del Primer Circuito el pasado 14 de marzo por el desvío de los recursos del fondo minero”, detallaron en un comunicado de prensa.

En este sentido, Acosta Azcón asegura que la nueva orden de aprehensión y el laudo de la JFCA confirman el derecho de los trabajadores a recibir su parte de los 55 millones de dólares.

EL monto debía ser distribuido entre casi 10 mil trabajadores mineros pertenecientes a las empresas Mexicana de Cobre, Mexicana de Cananea (hoy Buenavista del Cobre), Industrial Minera México, Minerales Metálicos del Norte, y Mexicana de Acido Sulfúrico.

MARIANA OTERO-BRIZ