AP
17 de diciembre de 2015 / 02:56 p.m.

Caracas.- Venezuela objetó el proceso judicial que sería emprendido en Estados Unidos contra el comandante de la Guardia Nacional, y exigió a Washington que ajuste sus procedimientos a la "legalidad internacional".

El gobierno venezolano rechazó en un comunicado la política exterior estadounidense, y planteó que Washington "persigue, amenaza y coacciona el ejercicio del Poder Público venezolano" a través del "terrorismo judicial y policial" de sus agencias nacionales y "campañas mediáticas mundiales".

Caracas defendió la gestión del mayor general Néstor Reverol, comandante de la Guardia Nacional y ex jefe de la Oficina Nacional Antidrogas, y afirmó que bajo su gestión se alcanzaron "los logros más ostensibles en materia de control y prevención del nefasto negocio del tráfico de drogas ilícitas".

"Venezuela exige al Gobierno de los Estados Unidos de América que ajuste sus procedimientos a la legalidad internacional, evitando manipulaciones que seguramente obedecen a intereses subalternos ajenos a la correcta y segura respuesta jurídica contra el crimen", agrega el escrito.

El gobierno venezolano emitió el comunicado en respuesta a las informaciones que han difundido algunos medios extranjeros que señalan que fiscales estadounidenses estarían preparando una acusación por tráfico de drogas contra Reverol y el ex funcionario antidrogas, Edilberto Molina.

Reverol y Molina aparecen en un acta de instrucción de cargos en un tribunal federal de Nueva York que acusa al primero de alertar a traficantes de allanamientos y obstaculizar investigaciones, dijeron a la AP dos funcionarios al tanto del caso.

El influyente presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, desestimó el proceso que se iniciaría contra Reverol, y dijo que esa acción forma parte de un complot orquestado por Estados Unidos para desacreditar al gobierno venezolano.

Informes periodísticos que han sido difundido en los últimos meses señalan que importantes figuras del oficialismo, como Cabello estarían siendo investigados en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. El presidente del congreso rechazó los señalamientos y denunció que la acusación forma parte de una campaña para atacar y desacreditar las instituciones de este país sudamericano.