MILENIO DIGITAL
21 de marzo de 2017 / 10:11 a.m.

CHICAGO.- Miguel Ángel Pérez Jr. viajó a Afganistán en noviembre de 2001. Estados Unidos había declarado la guerra contra el terrorismo y él fue elegido para formar la vanguardia de uno de los batallones que buscaría vencer este mal que se desató tras el atentado a las Torres Gemelas. Después de varios años de lucha y de haber salido vivo —pero herido— de ese combate, el país que defendió en el campo de batalla lo quiere deportar.

Miguel Ángel, de 38 años, es uno de los mil 144 mexicanos que han resultado heridos o mutilados al pelear por las fuerzas armadas estadunidenses durante esta guerra. Y hoy, él tiene un juicio de deportación. Parece raro: él forma parte de los más de 8.8 millones de mexicanos que entraron con papeles a Chicago, Illinois, hace más de 20 años. Sus padres lo trajeron aquí a los 11 años, a vivir al país del sueño americano en busca del crecimiento económico que no pudieron encontrar en México.

Creció como todo hijo de inmigrante hispano: señalado por tener piel morena, pero también agradecido por las chances que solo se obtienen en un país como Estados Unidos. Sus padres, Esperanza y Miguel Pérez, cuentan que fue ese agradecimiento de su hijo lo que lo orilló a unirse a las fuerzas armadas.

“Él era un chico green card. Tenía permiso de residente permanente. Se fue a la guerra como todos los muchachos que quieren superarse. Su objetivo era viajar por el mundo. Antes de 2001 no había guerra. La milicia era una muy buena opción para progresar. Pero además, desde muy pequeño se volvió muy patriota”, recuerda Esperanza.

El martirio de cada día, de no saber sí su hijo seguía vivo o no, duró cuatro años. La incertidumbre, confiesa Esperanza, no los dejaba dormir. “Cuando un hijo se va a la guerra, se pierde el alma, los sueños, la esperanza y el sosiego”.

En 2005, tras la lucha en Afganistán, Miguel Jr, como lo llama su padre, regresó a casa. Consigo llevaba los estragos de la guerra: los nervios destrozados, los sueños rotos y un oído sordo que le impedía continuar luchando.

Su padre es un hombre bajito y sin cabello, con la mirada cansada a sus 64 años de edad. La versión oficial de lo que le ocurrió a su hijo es que durante una batalla una bomba explotó muy cerca de donde se encontraba Jr. El estallido le destrozó los tímpanos y le ocasionó daño cerebral, cuenta el padre.

Con su regreso a casa, la familia Pérez esperaba recuperar la tranquilidad, pero no fue así: “La guerra se había montado sobre los hombros de mi hijo e instaló el campo de batalla en nuestro hogar”, revela el hombre. El trastorno por estrés postraumático que padecía Miguel Jr. lo orilló a usar cocaína para evitar pesadillas.

“Así pasaron cuatro años: cada día era una lucha contra sí mismo. La ansiedad y la falta de tratamiento médico lo estaban destrozando y un día, mientras compraba el polvo blanco para su consumo, lo detuvo un policía encubierto y lo acusaron de tráfico de drogas”, recuerda Esperanza, mientras seca las lágrimas.

Se levanta del sillón y toma un respiro. Estamos en la sala de su casa:

“Con este delito mi hijo pasó de ser un héroe nacional a un criminal al que es necesario deportar. Un bad hombre, como los llama Trump”, sonríe amargamente, y continúa. “Atrás quedaron los días de gloria. Fue condenado a siete años de prisión”.

El 23 de septiembre de 2016 cumplió su condena. Antes de que siquiera pudiera tomar sus cosas para regresar a casa fue trasladado a una prisión estatal de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Ahí inició el proceso de deportación del veterano de guerra.

Suena el teléfono. Miguel sabía que estaríamos aquí, en casa de sus padres, y decidió llamar desde prisión para contar su versión durante los cinco minutos que le permitieron hablar…

Con voz colérica y cansada comienza su catarsis:

“¿Por qué si yo estuve en la línea de fuego y en el frente, ahora me quieren hacer esto? Cuando estuve ahí no pensé si había o no racistas en el país: yo fui a defender a todos, yo fui a proteger la Constitución. Es contradictorio que ahora ese mismo sistema por el que fui a luchar me quiera deportar”.

Una y otra vez repetirá lo mismo: arriesgó su vida por Estados Unidos y así le pagan. De pronto la llamada se corta: se ha agotado su tiempo.

Para resolver su situación y retrasar su deportación la familia Pérez pidió se atienda un recurso que presentaron ante la Mesa de Apelaciones de Inmigración (MAI): aunque tiene residencia permanente, está ya no es válida por los delitos que le imputaron.

Ahora una de las grandes preocupaciones de esta familia es que, si su hijo es deportado, no tendrá dónde llegar.

“Él no tiene ahí (en México) a nadie”, asegura su padre, mientras se lleva las manos al rostro para impedir que grabemos las lágrimas que corren por sus mejillas. Luego dice con desesperación:

“Como veterano es un blanco fácil para los cárteles del narcotráfico, porque ellos buscan personas con entrenamiento militar para envolverlos en el mundo del crimen organizado. Sería como firmar su sentencia de muerte si lo mandan a México”.