REDACCIÓN
6 de agosto de 2016 / 12:57 p.m.

MONTERREY.- La Procuraduría de Justicia presentó la acusación formal en contra de los tres ex directivos del penal del Topo Chico señalados por la masacre del 10 de febrero en la prisión; con unas 400 pruebas pretenden acreditar y confirmar que son responsables de abuso de autoridad y homicidio calificado por omisión.

El agente del Ministerio Público que integra la carpeta por la muerte de los 49 reos en el motín, formalizó la acusación este viernes en contra del ex subcomisario en jefe de Administración Penitenciaria, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo; la ex directora del penal, Gregoria Salazar Robles; así como del ex subdirector Arturo Bernal González.

Además entregó las pruebas en el área de Gestión Judicial del Palacio de Justicia de Monterrey, donde se espera que en los próximos días programen la audiencia intermedia para que un juez de control decida las pruebas que se van a desahogar en el juicio final que deben enfrentar los ex funcionarios estatales, quienes se encuentran recluidos en distintos reclusorios del país.

Entre la larga lista de probanzas que recabó el fiscal que integra la carpeta judicial del multihomicidio están las declaraciones de 12 reos que sobrevivieron a la masacre y la de 23 celadores.

Los reos narraron los momentos de terror que vivieron al ser atacados por 200 de sus compañeros, liderados por Juan Pedro Saldívar, El Z-27; y los celadores aseguraron que la mayoría de las celdas están sin candados y que todos deambulan día y noche por el centro del lugar.

Algunos confirmaron que se permitían privilegios, principalmente a los líderes que encabezaron la trifulca, quienes contaban con celdas especiales y cuyos superiores tenían conocimiento de que se disputaban el control del reclusorio.

A esas versiones se sumaron resultados de diversas pruebas periciales y múltiples evidencias que recabaron durante horas en el área donde ocurrieron los trágicos acontecimientos.