REDACCIÓN
15 de julio de 2016 / 07:23 a.m.

Monterrey.- El ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz tramitó un amparo en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal contra una serie de acciones de las autoridades de justicia del fuero común de Nuevo León, entre las que destacan la confiscación de bienes, multa excesiva y destierro.

Fuentes del Poder Judicial Federal confirmaron que ayer al mediodía se publicó en el tablero de avisos el recurso legal tramitado por el ex mandatario de Nuevo León a través de sus abogados, Alonso Aguilar Zínser y Javier Flores Saldívar, este último procurador de Justicia durante los últimos meses de su mandato.

Los litigantes promovieron el juicio de amparo que quedó registrado como el 425/2016-VI, en el citado Juzgado Quinto de Distrito, concediéndose en primer término la suspensión provisional de las acciones que han promovido o pudieran promover las instituciones de justicia.

Entre los actos reclamados en la suspensión provisional concedida a Rodrigo Medina de la Cruz figuran ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, multa excesiva, destierro, infamia, azotes, palos, tormento de cualquier especie, confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitada y trascendental, entre otras acciones.

La suspensión provisional tramitada por los abogados de Medina de la Cruz fue concedida dos semanas antes de su cita con la Justicia de Nuevo León, como parte de las indagatorias en la carpeta judicial que se abrió en contra del ex gobernador y diversos ex funcionarios de su administración.

El ex mandatario estatal está citado para declarar el próximo día 28 del presente mes ante un juez de control, para responder a las imputaciones hechas por la Subprocuraduría Anticorrupción, que investiga el presunto desvío de tres mil 600 millones de pesos.

Los primeros datos de las investigaciones que se llevan a cabo, así como la lista de imputados, como parte de la Operación Tornado, fueron dados a conocer el pasado 3 de junio por el subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, así como por el abogado Aldo Fasci Zuazua, asesor jurídico del gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

En esa fecha, ante los presuntos delitos de peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición, se anunció el embargo precautorio de diversos bienes inmuebles del ex gobernador.

De los imputados, hasta el momento sólo han declarado ante un juez de control de Guadalupe el ex titular del Sistema Estatal de Caminos, Víctor Ramón Martínez, y uno de sus subordinados, por obras que presuntamente fueron duplicadas, además de simulación de contratos.

La sumatoria económica de todos los presuntos ilícitos en esa dependencia ronda los nueve millones de pesos, por lo que ambos ex servidores públicos fueron vinculados a proceso y llevarán su juicio en libertad, pero deberán acudir a firmar al juzgado que lleva su caso con una periodicidad quincenal.

En el caso del juicio de garantías tramitado por los abogados del ex gobernador Rodrigo Medina, la audiencia para determinar si se concede o no el amparo definitivo, está programada para el 10 de agosto, casi dos semanas después de la primera cita del imputado para declarar ante el juez de control.