REDACCIÓN
10 de febrero de 2017 / 05:59 p.m.

MONTERREY.- La Sub procuraduría Anti corrupción presentó la acusación formal en contra del ex gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, y tres de sus colaboradores dentro de la primera carpeta judicial que les iniciaron en enero del 2016.

Con al menos 80 pruebas pretenden confirmar y robustecer los delitos que les atribuyeron a cada uno de ellos por los, supuestos, beneficios que le otorgaron a la empresa Kia.

Los agentes del Ministerio Público encargados de esa investigación sostuvieron que Medina de la Cruz es probable responsable de ejercicio indebido de funciones públicas, primer delito por el que quedó vinculado a procedimiento judicial.

Al igual que sus coacusados, el ex secretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán Robert, y Celina Villarreal Cárdenas, ex sub secretaria de Inversión Extranjera.

También insistieron en la probable responsabilidad del ex tesorero Rodolfo Gómez Acosta por los delitos de ejercicio indebido de funciones públicas, delitos patrimoniales y peculado.

Aunque, oficialmente, el término legal para el plazo de cierre de investigación se les vencía este 10 de febrero, los agentes del Ministerio Público concretaron la acusación el jueves en la noche e insisten en el desvío 3 mil 683 millones 504 mil 688 pesos.

Trascendió que la determinación de la sub procuraduría anticorrupción está muy extensa, por lo que los fiscales tuvieron que correr traslado de la misma en dispositivos electrónicos al personal de Gestión Judicial del Tribunal Superior de Justicia.

Como lo servidores públicos estatales ya cumplieron con el requisito que marca el procedimiento judicial del nuevo sistema acusatorio, ahora, los defensores particulares de cada uno de los vinculados tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar las pruebas con las que pretendan desvirtuar la acusación que les atribuyen.

Cuando concluya todo ese trámite, el personal del Tribunal Superior de Justicia tendrá 40 días hábiles para fijar fecha para la audiencia intermedia, la cual es considerada la última que señala dicho procedimiento, antes de pasar a juicio final.

Por lo que podría ser después del periodo vacacional de semana santa, cuando se desahogue la mencionada diligencia.